Exhorta CEDH a concluir conflicto educativo a través del diálogo y distribución de competencias

Morelia, Michoacán; 29 de enero de 2019.- Ante las afectaciones económicas y sociales registradas en Michoacán a raíz de las acciones emprendidas por algunos trabajadores de la educación, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) hace un llamado a las partes para que la solución a las demandas de este sector se planteen y desahoguen a través del diálogo y respeto a las instituciones; sin vulnerar los derechos humanos de los ciudadanos y procurando preservar en todo momento el Estado de Derecho.

El Ombudsman michoacano, Víctor Manuel Serrato Lozano, expresa su preocupación ante las constantes acciones que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realiza en distintas regiones de la entidad, en demanda al pago de salarios y prestaciones pendientes; que aunado a otros movimientos sociales que también reclaman pagos aplazados, vulneran la paz social y tranquilidad de los michoacanos; traduciéndose en afectaciones patrimoniales a particulares.

Ante este panorama el presidente de la CEDH, exhorta a las autoridades correspondientes para que, desde el ámbito de sus competencias, encuentren mecanismos de solución que permitan dar salida a estas demandas.

Para esta Comisión la distribución de competencias entre los Estados y la Federación es una característica inherente al Federalismo, y es en la Constitución Política Mexicana, ley suprema del país, en donde se distribuyen las responsabilidades tanto para las entidades federativas como para la Unión (gobierno federal).

Esta distribución es además una de las garantías para lograr la vigencia plena de los derechos humanos; así, para la CEDH es claro que la educación según mandata el artículo 3 constitucional, está a cargo en primer lugar de la Federación, después de los estados y por último de los municipios.

En ese sentido, el tema de bloqueos a vías del ferrocarril, sin duda alguna y ante cualquiera que sea la problemática relacionada, es una responsabilidad exclusiva, por ley, de la Federación, en donde las autoridades locales pueden coadyuvar y colaborar pero no pueden sustituir en sus funciones primarias y directas a ninguna autoridad, pues hacer esto trastocaría esa distribución de competencias que se plasmó en el pacto federal como garantía de atención oportuna de las necesidades y servicios públicos.

Para este organismo el respeto al Estado de Derecho es primordial, así como el acatamiento y la aplicación de la ley; observando en todo momento el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.