Familiares de desaparecidos piden que se agilice la puesta en marcha del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense

Denuncian que las fiscalías locales obstaculizan los trabajos y se oponen a la implementación del Protocolo Homologado para la Búsqueda de las Personas Desaparecidas y No Localizadas (PHB).

En México hay más de 37 mil personas desaparecidas y 26 mi cuerpos sin indentificar en morgues, Servicios Médicos Forenses (Semefo) y panteones, por lo que familiares de personas desaparecidas exigen que se agilice la puesta en marcha del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF).

En rueda de prensa, miembros del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) señalaron que reconocen avances en la actual administración pero que todavía hay muchos pendientes en el tema.

Entre éstos, está el de conformar el Grupo Coordinador del MEIF. Martin Villalobos Valencia, de Fundación Mónica Alejandrina por los Derechos Humanos, expuso que ya se emitió la convocatoria y que se estima que, a pesar de que el mecanismo entró en vigor desde diciembre del año pasado, esté operando hasta los últimos dos meses de este año.

Lo anterior, de acuerdo con Grace Fernández, del Colectivo Buscando Desaparecidos México, Búscame, porque a pesar de que se acordó la creación del MEIF, no se le dotó de recursos técnicos, humanos ni económicos.

Los miembros de los colectivos que conforman el MNDM demandaron que se dote de recursos suficientes para este mecanismo y que se garantice que su actuación será coordinada con las autoridades, pero a la vez autónoma.

También destacaron que las fiscalías general y estatales se abstuvieron de emitir su voto durante la aprobación del Protocolo Homologado para la Búsqueda de las Personas Desaparecidas y No Localizadas (PHB) y que temen que puedan interponer amparos en su contra.

De acuerdo con Grace Fernández, el argumento de las fiscalías es que se les están cambiando sus atribuciones, pero de lo que se trata es de agilizar los procesos y acortar los tiempos mediante vinculación interinstitucional.

Señaló que en la conformación de este protocolo participaron miembros de organizaciones de la sociedad civil, colectivos, organismos internacionales y expertos a través de foros regionales y de internet.

Explicaron que otro problema es que no se tiene certeza de las cifras de desaparecidos, que a nivel oficial oscilan entre 37 y 40 mil, ya que algunas fiscalías no han aportado datos para el diagnóstico, además de que no todos los casos fueron denunciados.

A esto se suma, expuso Villalobos Valencia, que el delito de desaparición forzada no estaba tipificado como tal hasta hace unos años, de modo que en casos anteriores los casos quedaron registrados como otros delitos y que incluso algunas fiscalías catalogaban los casos en distintas modalidades para “maquillar” las cifras.

Estas situaciones han llevado a que de más de 37 mil desapariciones que se han denunciado, sólo se han judicializado 40 casos por este delito.

Virginia Garay Cazares, de Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros A.C. Nayarit, manifestó que está pendiente la promesa de una invitación oficial al Comité contra la Desaparición Forzada para una visita oficial a México y el  el reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para casos individuales, que debe aprobarse en el Senado.

José Ugalde, del Colectivo Desaparecidos Justicia A.C., Querétaro, destacó la importancia de que se tome en cuenta la participación de los familiares de desaparecidos en la conformación de cualquier política pública relacionada con el tema, ya que han adquirido toda una serie de experiencias y saberes y se han vuelto expertos en búsqueda de personas.

Lenit Enriquez Orozco, del Colectivo Madres en Búsqueda Coatzacoalcos, Veracruz, indicó que el movimiento ha lanzado una campaña a través de Change.org que ya contabiliza más de 130 mil firmas.

Grace Fernández apuntó que mientras más personas se sumen a ésta, será más difícil para las autoridades negarse y apuntó que nadie está exento de este delito.

Martín Villalobos acotó que el gobierno federal sólo tendría que aportar parte delos recursos para el mecanismo, ya que la comunidad internacional está en la disposición de aportar recursos.

Subrayó la necesidad de que el mecanismo actúe de manera independiente y que se seleccionen perfiles profesionales y Fernández consideró que esto podría aligerar la carga de trabajo de las fiscalías, ya que el mecanismo actuaría en los casos que están rezagados de años anteriores y las fiscalías podrían centrarse en los nuevos.