Con el objetivo de evitar actos de corrupción y mal uso de los programas sociales y recursos públicos, la Secretaría de Bienestar, Delegación Michoacán, firmó un acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), en el marco del proceso concurrente 2020-2021, que tendrá vigencia a partir de este día, hasta el 7 de junio de 2021.
Roberto Pantoja Arzola, Delegado Estatal de Programas para el Bienestar en Michoacán, destacó el compromiso histórico hecho por el Presidente de México, de que nunca más se permita la utilización de recursos públicos para condicionar, coaccionar o inducir el voto a favor de candidatos o partidos
“Este blindaje es una estrategia que protege la integridad del proceso, a través de acciones que buscan impedir el uso inadecuado de los programas Bienestar, a afecto de no violentar el principio de imparcialidad, legalidad, honradez y lealtad, como lo establece la ley en la materia”, señaló.
Por su parte, David Alejandro Arroyo Delgado, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE, explicó que este es el proceso electoral más grande de la historia, con la renovación de 21 mil 368 cargos en el país y mil 191 en Michoacán, e informó que la Constitución establece prisión preventiva oficiosa a quien haga uso de programas sociales con fines electorales.
Ignacio Hurtado Gómez, Consejero Presidente del IEM, comentó que “para el Instituto es una buena noticia que las instituciones públicas como Bienestar, se sumen a esta corresponsabilidad para salvaguardar la libertad de expresión del voto de los michoacanos”.
De igual manera, los Directores Regionales de Bienestar Michoacán, así como los Coordinadores de Programa, se comprometen a NO influir en la contienda y NO permitir que ningún servidor público bajo su cargo influya en la misma, así como la abstención de la promoción personalizada con base en los programas sociales que opera la dependencia federal.
De no hacerlo así, los funcionarios serán acreedores a sanciones de carácter penal, electoral y/o administrativo, de acuerdo al tipo de delito, que incluyen inhabilitación temporal para ejercer cargos públicos, amonestación privada o pública, sanción administrativa, suspensión, destitución del puesto, así como prisión de dos a nueve años.
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