Intervención directa del Ejecutivo en tema de admisión a las normales, piden CPC y Mexicanos Primero

Que se siga una investigación y se destituya y sancione a los funcionarios involucrados en la aplicación de los exámenes de las normales, ya que las irregularidades datan de hace más de 10 años, exigieron el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y la asociación Mexicanos Primero.

Ha existido corrupción e irregularidades en el proceso de ingreso de las normales en el estado desde hace más de 10 años, denunciaron los miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y la asociación Mexicanos Primero.

Ante ello, exigieron la intervención directa del titular del Ejecutivo, Silvano Aureoles Conejo, la destitución de los funcionarios involucrados, iniciar proceso de investigación penal y administrativa, así como anular la última evaluación que se aplicó.

De no hacerlo así, alertaron, se corre una serie de riesgos de que el problema se agrave. Entre ellos, destacó Érik Avilés Martínez, presidente de Mexicanos Primero en el estado, que los aspirantes que ya fueron aceptados se amparen contra la decisión de repetir el examen.

Por otro lado, Elvia Higuera Pérez, señaló que se podría caer en la impunidad y el consecuente hartazgo social ante un asunto que tiene años sucediendo.

“Es el exceso del cinismo al que llegó la institución al brindar transparencia en el proceso de ingreso y detona una situación de hartazgo social en contra de la Secretaría de Educación”, manifestó.

Agregó que la sociedad toma parte en esta corrupción, ya que si hubo venta de las respuestas del examen, los padres de los jóvenes aportaron el recurso para comprarlas en la mayoría de los casos.

Avilés precisó que el examen de ingreso de las normales no se hace a través de Ceneval, como se había afirmado en un principio. Recordó que en 2012 se propuso hacerlo de este modo y hubo manifestaciones de normalistas acusando a este organismo de neoliberal.

“Aquí están las consecuencias, los reactivos que elaboran los docentes se meten a un banco y son los mismos año tras año y hay una serie de prácticas perversas, les podría detallar diez maneras”, expresó.

Indicó que los comités estudiantiles de las normales pueden tener acceso a las claves y responderlas en conjunto, como se corroboró en 2011, cuando se detectó a estudiantes de cursos más avanzados ingresando al examen con libros y celulares.

“Esto fue mucho más allá porque en otros proceso habíamos encontrado muchas cuestiones irregulares pero no habíamos visibilizado que se repartían las claves antes del ingreso. Estamos hablando de otro nivel de corrupción”, alertó.

Otro obstáculo en el tema, agregó Avilés, es que el Código Penal del estado no contempla el tráfico de plazas y espacios públicos como un delito, lo que hace más complicado detener este tipo de corrupción.

Agregó que los funcionarios que funcionan como árbitros tienen un pasado normalista, de modo que existe un conflicto de interés y una revictimización de los jóvenes que denunciar las irregularidades al pretender sentarlos a negociar con las mismas personas que tomaron parte en estas irregularidades.

Además, señaló, este año no se dio a viso a las autoridades federales para que supervisaran el proceso de ingreso.

“Sabemos de la simulación en torno a la federación de la nómina. Se les cayó, sabemos que fue un fracaso estrepitoso, esta federación nunca se dio. Esta cuestión de supuesto acercamiento con la federación pende de un hilo, pero no era para que los dejaran sin supervisión. Precisamente en ello radica el pacto federal, en la división de poderes, en podernos vigilar unos a otros”, manifestó Érik Avilés.

Concretamente, sintetizó, Elvia Higuera, el CPC solicitará a la Secretaría de Educación en el Estado y a la Secretaría de Contraloría una serie de acciones:

1. Revisar el proceso de selección y verificar los exámenes aplicados.
2. La revisión de cada uno de los exámenes aplicados.
3. Investigar y deslindar responsabilidades de las personas presuntamente involucradas en estos actos de corrupción.
4. Justicia y resarcimiento del daño para los aspirantes que se encontrarían en desventaja, en caso de comprobarse la veracidad de estos hechos.
5. En caso de encontrar elementos suficientes, anular dicha evaluación y realizar una nueva, con medidas necesarias que deberán incluir un comité de Supervisión y Vigilancia del proceso.

Se estima que derivado de estos actos, si cada estudiante aprobado pagó 30 mil pesos, la trama de corrupción se engrosó con 10 millones de pesos, calculó Avilés, lo que además resulta clasista y segregatorio, ya sólo podrían tener derecho a estudiar en una normal quienes tienen esa cantidad de recursos a la mano, que a su vez tienen asegurada una plaza automática, en un proceso donde lo que menos importa es la vocación.