Juicio político contra ex auditor seguirá posponiéndose

Desde 2017 el Cemide presentó al Congreso del Estado una solicitud de juicio político en contra de José Luis López Salgada, entonces titular de la Auditoría Superior del Estado

A casi un año de que inició el juicio político en contra del ex auditor superior del estado, José Luis López Salgado, en el Congreso del Estado todavía se prevé seguir prologando el asunto. La presidenta de la comisión Jurisdiccional, Adriana Hernández Íñiguez, señaló que la contingencia impide citar a los promoventes y que se trabaja con una ley obsoleta.

A pesar de que el dictamen debió de estar listo en agosto de 2019, se han venido solicitando prórrogas desde entonces y así seguirá, advirtió la diputada, ya que López Salgado solicitó que las personas que ratificaron la denuncia comparezcan ante los legisladores y son más de 100 personas.

“No hemos agotado los procedimientos”, declaró en entrevista Hernández Íñiguez.

“No podemos en contingencia llamar a comparecer a 100 personas”. Recordó que de no tener suficientes elementos para evaluar, la comisión puede seguir solicitando prórrogas.

Por otro lado, la diputada priista señaló que el Congreso local está trabajando con una ley ya obsoleta, puesto que las reglas para un juicio político en el país ya son otras y recordó que en abril del año pasado ella presentó una iniciativa de Ley de Juicio Político, misma que no se ha podido dictaminar porque cuando existió una cita para discutir el dictamen, no acudió la presidenta de la comisión de Gobernación, Cristina Portillo Ayala.

Durante la anterior Legislatura, Adriana Hernández también presentó una iniciativa, en este caso la denominó Ley de Declaración de Procedencia y Juicio Político, pero no se aprobó.

Cabe recordar que desde diciembre del 2017, miembros del Centro Michoacano de Evaluación (Cemide), promovieron que se diera inicio a este juicio y la anterior Legislatura desechó esta solicitud; sin embargo, se interpuso un recurso legal y un juez ordenó al Legislativo repetir la votación, tarea que correspondió esta vez a la LXXIV Legislatura.

Antes de esto, el entonces presidente de la Mesa Directiva, Antonio Salas Valencia, intentó que los tribunales dieran marcha atrás a la sentencia que los obligaba a tomar una decisión mediante un recurso de revisión, mismo que no favoreció al Congreso el Estado, que finalmente tuvo que iniciar el juicio político, más de un año después de que se solicitó. Esto es, en mayo de 2019.