Los secretarios de Gobierno y Seguridad Pública informan que la empresa Better Flyes Services, que rentó los vehículos aéreosse fundó apenas 13 días antes de ser contratada por el gobiernode Michoacán.
Un total de 6 helicópteros y una aeronave conformaron el parque aéreo del gobierno de Silvano Aureoles, el cual fue rentado a una compañía que cobró por sus servicios mil doscientos millones de pesos, esto es, 610 mil pesos diarios, se usaran o no, revelaron los secretarios de Gobierno, Carlos Torres Piña y de Seguridad Pública, General DEM, José Alfredo Ortega Reyes.
La empresa, BetterFly Services, se constituyó en el Estado de México, en presencia del notario público No. 150 el 3 de diciembre del 2015, para contratarse 14 días después, el día 17 del mismo mes, por adjudicación directa por el gobierno de Michoacán, por un lapso de 6 años.
El documento fue firmado por parte del Gobierno de Michoacán por el encargado del Subcomité de Seguridad Pública, Antonio Bernal Bustamante; y por parte de la empresa, el administrador de la misma, Ismael Flores Ramos.
Los funcionarios destacan que, dentro del contrato se establecía que el Gobierno de Michoacán, la empresa permitía que las aeronaves tuvieran como máximo 50 horas de vuelo al mes, quedando a cargo del gobierno la reparación y mantenimiento de las aeronaves. Si se excedía el límite de horas de vuelo, éstas debían ser pagadas por el gobierno también.
Cualquier siniestro, daño, secuestro, o pérdida total de la aeronave, implicaría el pago de la unidad a la empresa, además de continuar con el contrato de arrendamiento por los 69 meses contratados previamente, aunque ya no funcionara o existiera la unidad.
Carlos Torres Piña, resaltó este gasto como excesivo, sin un propósito definido y que no correspondía a la austeridad republicana que mantendría este gobierno emanado de Morena, con lo cual se deja ver el lujo y privilegios con que se manejó la pasada administración.
El 24 de octubre, fecha en el que concluirá el proceso de Entrega – Recepción entre la pasada y actual administración gubernamental, se fincarán responsabilidades y se decidirá el proceder jurídico de este contrato,
que a todas luces, afirmó, es un exceso punible legalmente, además de ser un posible fraude por la fecha en la que la empresa se constituyó y se le contrató 14 días después por adjudicación directa, por parte del gobierno de Michoacán, para lo cual la Fiscalía General del Estado, realizará las indagatorias correspondientes.
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