Michoacán ha dejado de ser foco rojo para ejercer periodismo, pero aún se vulnera la libertad de expresión

Los protocolos para atender agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos van en caída, considera el presidente de la CEDH, Víctor Serrato Lozano. 

En lo que va de este año han sido asesinados en el país 13 activistas y ocho periodistas, destacó el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Víctor Manuel Serrato Lozano.

“Quiere decir que el mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas no está funcionando. No hay visos de un fortalecimiento”, observó.

Si bien Michoacán no es de los estados que se consideran de mayor riesgo, sí se ubica en la media nacional, en uno de los países en donde resulta más peligroso ejercer el periodismo, mientras que los mecanismos de defensa parecieran no estar cumpliendo su cometido, ya que el estatal  no cuenta con recursos y el nacional tiene un fideicomiso de 300 millones de pesos, de acuerdo con el ombdusman, pero las violaciones a los derechos humanos de los periodistas y activistas se siguen presentando.

 “Ese mecanismo tiene la obligación de proteger a todo periodista y defensor, sea del estado que sea, que se encuentre amenazado por la labor que desempeña. Quiere decir que en este gobierno no han mejorado, sino que van en una franca caída los protocolos de operación del mecanismo”, expuso Serrato. 

No obstante, de acuerdo al defensor de derechos humanos, en Michoacán han dejado de considerarse como foco rojo regiones que antes lo eran. “Apatzingán, Nueva Italia, Coalcomán, Buenavista, Aguililla, toda esa zona, Lázaro Cárdenas, pues para nosotros eran puntos rojos, zonas de alto riesgo para el ejercicio del periodismo pero ya no”.

Por parte de la CEDH, indicó el presidente, cada año se abren de seis a ocho expedientes por violaciones al derecho a la libertad de expresión-

De 2016 a la fecha se han abierto 18, la mayor parte de ellos de oficio, pero algunos también a petición de los mismos comunicadores, varios de los mismos actualmente se encuentran en curso y más de la mitad se han resuelto mediante acuerdos entre las partes. 

“La mayoría tienen que ver contra la Secretaría de Seguridad Pública, que impiden al periodista realizar su labor, tomar fotografía o video, o algunos periodistas que se quejan de alguna censura previa”, precisó Serrato.