Necesario servicio civil de carrera para no perder eficiencia, eficacia y experiencia en tareas especializadas como la fiscalización: Cristina Portillo

Morelia; Michoacán, 11 de diciembre de 2018.- Para evitar que se pierdan la experiencia acumulada a lo largo del desempeño en cargos especializados y el dinero invertido en capacitaciones, es fundamental reactivar el servicio civil de carrera en el Congreso del Estado de Michoacán, como un mecanismo que nos garantiza la continuidad, eficiencia y efectividad en el trabajo de temas profundamente sensibles como la fiscalización, advirtió la diputada Cristina a Portillo Ayala, durante la inauguración del taller de Profesionalismo y Cultura Organización, impartido por especialistas de la Central Washington University.

En el Colegio de Morelia, la vice coordinadora de la fracción legislativa en el Congreso del Estado de Michoacán, informó que en la legislatura pasada se canceló el programa de profesionalización a través del servicio civil de carrera, un tema que seguramente será activado en los próximos meses.

Ante funcionarios de la Auditoría Superior de Michoacán y de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo, así como académicos, afirmó que el trabajo especializado en materia de fiscalización, debe transitar por principios fundamentales como: ética, honestidad, transparencia e incorruptibilidad.

En la apertura de los trabajos donde estuvieron Artemio Zaragoza Tapia, encargado del despacho de la Auditoria Superior de Michoacán y el diputado Marco Polo Aguirre, presidente de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, Portillo Ayala reconoció el trabajo que se realiza a este nivel para abatir la corrupción.

Sostuvo que en las tareas de la ASM, se debe sancionar “a quien se tenga que sancionar, sin andar buscando disculpas políticas de ningún partido político porque todas las instituciones inciden en esas tentaciones”.

Prometió un trabajo cercano con la Auditoría Superior porque existen retos importantes como alinear la Ley de Fiscalización estatal y el propio Sistema Estatal Anticorrupción con ordenamientos federales.