Observa especialista deficiencias en legislación administrativa

• Esto impide que se paguen los laudos que se adeudan desde hace años con policías despedidos.

Huecos en la legislación en materia administrativa y falta de voluntad política para generar una partida para laudos laborales han impedido la ejecución de sentencias que ordenan el pago de lados a elementos de seguridad pública que fueron despedidos de sus funciones, observó el abogado Abraham Salazar García en entrevista.

El litigante es representante jurídico del Comité Estatal del Movimiento Nacional por la Seguridad y en Pro de la Justicia y ha representado a ex policías al servicio de los tres órdenes de gobierno que han interpuesto recursos legales al ser dados de baja por razones que consideran injustificadas. Al menos un 70 por ciento de ellos, explicó, por no haber aprobado el examen de control de confianza.

Debido al protocolo, a los elementos que son dados de baja por no haber aprobado el examen no se les explica cuál fue la etapa que no aprobaron y no tienen certeza de cuáles son los motivos concretos y una vez que se confirma en un juicio que no hubo razones legítimas para despedirlos, la ley impide que puedan ser reinstalados en su cargo, por lo que se fija un monto de compensación económica. “

“Las bajas de policías, al estar equivocadas en el procedimiento, en vez de poder liquidar al policía con 60 mil pesos, los juicios salen entre 800, 900, un millón de pesos”, expuso Salazar. Indicó que algunos casos de los que lleva a cabo esta asociación corresponden a administraciones anteriores y que no existe una partida presupuestal para solventar estos pagos, por lo que las sentencias quedan sin ser acatadas.

El Comité Estatal del Movimiento Nacional por la Seguridad y en Pro de la Justicia ha emitido cartas al Congreso del Estado para solicitar que en los presupuestos que se aprueben se cree esta partida, aunque hasta ahora no ha habido un eco.

Para Salazar García, la legislación administrativa debería contemplar la posibilidad de embargar al gobierno en cuestión en caso de que no se acate una sentencia de esta naturaleza. Explicó que estos casos se presentan ante un tribunal administrativo porque de acuerdo con la ley los derechos laborales no amparan a los policías.

“El policía está restringido en sus derechos humanos laborales. No se les reconoce como trabajadores, no se les permite hacer sindicatos, no pueden ser reinstalados aunque ganen un juicio por su baja”, argumentó y cuestionó: “si estamos pidiéndole al policía que cuide los derechos de todos pero estamos vulnerando sus derechos como policías, ahí estamos mal”.