Particular denuncia despojo de su propiedad por parte de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Tres funcionarios públicos fueron denunciados por fraude procesal y simulación de acto judicial luego de que se presentaran una serie de irregularidades en un juicio laboral.

Morelia, Michoacán a 9 de enero de 2018.- 294 mil pesos tendrán que pagar José Luis Baltazar Vega y Nora Dimas Jacobo, un matrimonio de personas de la tercera edad, a quienes sin previa notificación se les embargó su propiedad al término de un juicio laboral en su contra, para el que nunca fueron notificados que de acuerdo a su declaración estuvo plagado de irregularidades.

Tres funcionarios de la Junta Especial Número Uno de lo Local de Conciliación y Arbitraje, empezando por su presidente, Berenice Cardona Acosta son señalados en esta denuncia como partícipes de este procedimiento, además del demandante, Ismael Gutiérrez Romero, su abogado, Mariano Barojas Rodríguez, y una persona de nombre José Padilla Alegre. Los otros funcionarios acusados de participar en estos hechos son María Guadalupe Cortés Vargas, auxiliar de la Junta Local Número Uno y la actuaria Marina Aldama Leal, actuaria.

En conjunto con su representante legal, José Luis Baltazar narró que inició una relación laboral en 2013 con Ismael Gutiérrez, quien se desempeña como albañil y a quien le pagaba por trabajo realizado “en forma esporádica y a destajo”, especifica en su denuncia. Esto hasta que en diciembre de ese mismo año, de acuerdo a su declaración, Baltazar pagó su adeudo al trabajador y le notificó que por problemas personales se trasladaría a vivir a la ciudad de Querétaro.

Posteriormente, hasta abril de 2014, Gutiérrez demandó laboralmente a Baltazar y a su mujer por la suma de 33 mil pesos y prestaciones, a sabiendas de que ya no habitaban en la ciudad. Esto a través del abogado Mariano Barojas, aunque su firma no obra en ningún documento.

Para notificar y emplazar al matrimonio, se fijó un domicilio que no existe, de acuerdo a un escrito emitido por el Ayuntamiento de Morelia que corrobora que se trata de una dirección inexistente y la notificación fue recibida por José Luis Padilla, quien aseguró conocer a los acusados.

La sentencia fue un laudo de 290 mil pesos más salarios caídos que se sigan generando durante un año, misma que fue apelada sin éxito, por lo que el denunciante se entrevistó con Berenice Cardona, quien no sólo no atendió su queja, sino que, de acuerdo a la narrativa, respondió “que le hiciera como quisiera y falsamente afirmó que ella era protegida del Ingeniero Silvano Aureoles Conejo, Gobernador Constitucional del Estado y del licenciado Gil Arturo del Río”.