Fake News motines e intentos de escape en Michoacán Sumario: No ha habido motines ni intentos de escape en las prisiones de la entidad, las autoridades exhortan a los medios de comunicación evitar difundir información falsa, puesto que esto genera angustia entre los familiares de los internos. Es falso que se hayan presentado motines o intentos de fuga en los Centros de Readaptación Social (CERESO) de la entidad, lo que ha ocurrido fue una riña personal en el CERESO de Alto Impacto y un traslado en el de Mil Cumbres, mismos que se desmintieron días después de que se propagara la noticia en internet. Difundir información falsa provoca alarma, angustia y zozobra entre los presos y sobretodo sus familiares, indicó Citly Velázquez, coordinadora del Sistema Penitenciario, por lo que hizo un llamado a la prudencia a medios de comunicación y usuarios de redes sociales para que no compartan fake news. Explicó que la movilización por el traslado de un reo de alta peligrosidad de un penal de Jalisco hizo pensar a algunos medios de comunicación que se trataba de un motín. Por su parte, el director del CERESO de Alto Impacto, Alejandro Tavera Montero, expuso que una persona murió como consecuencia de una riña con otro interno por asuntos económicos de “estricta índole personal” en un conflicto que databa del 2016. / Foto: ACG
El INE está preparando un programa piloto en conjunto con la SSP para garantizar el voto de las personas que están en prisión y no han sido sentenciadas.
Al menos en dos centros de reclusión del país se instalará el programa piloto para garantizar el voto de las personas que se encuentran en prisión preventiva mediante el trabajo coordinado del Instituto Nacional Electoral (INE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Esto a partir de una sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el 20 de febrero del año pasado para garantizar el voto de las personas que se encuentran privadas de su libertad sin haber recibido una sentencia condenatoria.
Esta sentencia ordenó al INE a programar una prueba piloto para que este sector poblacional esté en condiciones de participar en las elecciones de 2024. Lo cual, de acuerdo con René Miranda Jaimes, director del Registro Federal de Electores, es una tarea de por sí compleja que se vino a complicar con la llegada de la pandemia de Covid-19.
Debido a la contingencia sanitaria, el Consejo General del INE resolvió a mediados de este año suspender las actividades de campo, por lo que redujo 164 mil 140 al proyecto de centros penales. Con esta reducción, se eliminó la actividad denominada “Elaboración de estudio para el voto de las personas en prisión preventiva (VPPP)”.
Sin embargo, de acuerdo con Miranda, el Grupo Consultivo Experto en Covid del INE (C19), ya está realizando un protocolo para actividades de campo y se está proyectando iniciar con la prueba piloto dentro de los próximos meses.
“Vamos a hacer un piloto acotado a ciertos centros de reclusión que tengan presencia regional, que haya presencia de las cinco circunscripciones, por lo menos un par de centros”, amplió Miranda.
En cuanto a cuál será la dinámica, el funcionario expuso que no se tiene previsto aún, pero que se cree que tendría que equipararse la situación de las personas privadas de la libertad a las que viven fuera del país, ya que para obtener una credencial para votar deben recurrir a terceros.
“No vemos condiciones de que vayamos físicamente a sacar credenciales, hay que ver cómo cumplir e su totalidad con la sentencia pero hay que entender que en estos centros hay reglas muy estrictas de movilidad, de accesibilidad y tenemos que ver cómo conformar la lista”, expresó.
Tendrá que plantearse también cómo sería la instalación de casillas, lo cual también se advierte complicado, porque no cualquier ciudadano aceptaría ser funcionario de casilla en un centro penitenciario, se está analizando si podría nombrarse a quienes laboran ahí o bien implementar otro modelo.
La sentencia del TEPJF partió de un recurso legal interpuesto por indígenas tzotziles de Chiapas en 2018, a quienes se les obstruyó su derecho a votar desde que fueron aprehendidos 15 años antes, sin que hasta ese entonces hubieran obtenido una sentencia condenatoria, por lo que sus derechos político electorales no estaban suspendidos.
En dicho recurso, los demandantes acusaron al INE de omisión y se retomó la polémica en torno a la prisión preventiva oficiosa, ya que organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se han pronunciado en contra, argumentando que se violentan los derechos humanos de las personas que son recluidas sin una sentencia y sin que se haya determinado que cometieron un delito.
“El rechazo a la prisión preventiva oficiosa tiene bases jurídicas sólidas. En principio, nadie debe ir a la cárcel sino mediante un juicio en el que tenga oportunidad de defenderse y después de que quede probada su culpabilidad. Debe ser una medida excepcional porque implica la pérdida de la libertad a partir de presunciones e indicios, no de pruebas concluyentes de culpabilidad. Se justifica sólo en aquellos casos en que dejar en libertad al acusado supone un peligro inminente para la sociedad o cuando existe el riesgo de fuga. Lo razonable es que el juez la dicte atendiendo las circunstancias de cada caso”, comentó el consejero electoral Benito Nacif en El Universal en febrero de 2019.
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