Policía Morelia es ilegal, afirma asociación civil

• Por errores en la conformación de la Policía Municipal, todos los actos que ha llevado a cabo desde 2015 están viciados de nulidad, afirma abogado.

Todas las detenciones, multas y demás actos que ha emprendido la Policía Municipal de Morelia desde 2015 podrían impugnarse, debido a que errores en la conformación de este organismo lo vuelven ilegal, alertó Abraham Alejandro Salazar García, representante jurídica Comité Estatal del Movimiento Nacional por la Seguridad y en Pro de la Justicia.

“Por un tecnicismo legal, delincuentes podrían quedar libres”, advirtió el abogado, quien cuenta con cinco sentencias a favor relacionadas con detenciones e infracciones, mientras que el comité ha llevado otros casos bajo el mismo argumento. “Esos actos, esas multas, son ilegales. Esto tiene implicaciones más graves. Si la Policía Municipal hace detenciones, también están viciadas de nulidad”, explicó.

De acuerdo con Salazar, esto acarrea una nula certeza jurídica a la ciudadanía y puede acarrear consecuencias graves en materia de seguridad, ya que todos los actos que realice este organismo se convierten en ilegales puesto que los elementos de seguridad pasan a ser “ciudadanos armados que no tienen las facultades”.

Bajo este criterio, los policías “están haciendo un trabajo al que se les está enviando de manera supuestamente legal y no es así. Estos ciudadanos están cometiendo delitos, como la privación ilegal de la libertad que después de hacer la detención lleva a las personas un centro de detención municipal que es privado” argumentó.

El error en cuestión, explicó el litigante, parte de que a finales de 2015 se tomó como válido el acuerdo de la conformación de la Policía Municipal que se elaboró en la comisión correspondiente sin que éste se sometiera a votación en una sesión de cabildo.

Para enmendarlo, indicó Salazar, el Ayuntamiento de Morelia tendría que convocar a una sesión de cabildo para emitir un nuevo decreto como corresponde; sin embargo, advirtió que desde su perspectiva existe un costo tanto político como económico que nadie quiere asumir. No obstante, hay implicaciones jurídicas y de seguridad que sería grave no atender.

Si bien el litigante reconoció que sería más fácil no dar a conocer públicamente esta situación para ganar más casos en este sentido, expuso que se está priorizando el bien común precisamente por las implicaciones ya mencionadas y agregó que hay otras faltas administrativas en el decreto de conformación, como el que se establece que los asuntos no previstos se resolverán mediante el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando ésta no es la normativa que corresponde a asuntos administrativos.