Propondrá Lucila Martínez que violencia familiar sea perseguida de oficio en Michoacán

Hay que evitar que el desistimiento o seguimiento a las denuncias que se presentan ante las autoridades sigan cobrando víctimas como Ingrid Escamilla

Para evitar que la violencia familiar por desistimiento o falta de seguimiento siga cobrando víctimas, resulta urgente reformar el Código Penal del Estado para que este delito sea perseguido de oficio, subrayó la diputada Lucila Martínez Manríquez, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.

La legisladora hizo mención que casos como el del feminicidio de Ingrid Escamilla en la Ciudad de México, ponen de manifiesto la insuficiencia de la norma para una atención efectiva en casos de violencia familiar, ya que ella hace siete meses presentó una denuncia que fue archivada luego que decidiera desistirse y darle una segunda oportunidad a su agresor.

Apuntó que los datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, reporta que el 88.4 por ciento de las mujeres que sufren algún tipo de violencia no denuncian, lo que abre un marco muy amplio para la impunidad del agresor y con ello para su reincidencia.Por ello señaló que promoverá una reforma al artículo 178 del Código Penal del Estado, para que el tema de la violencia familiar se persiga de oficio, de manera que la autoridad asuma la tutoría de dar seguimiento a estos casos sin necesidad de una denuncia de por medio.

Lucila Martínez Manríquez refirió que es frecuente que las mujeres víctimas de violencia familiar se desistan de la denuncia presentada, pensando como le ocurrió a Ingrid Escamilla, dar una segunda oportunidad a su agresor que generalmente es su pareja, lo que las coloca en una situación de vulnerabilidad grave.

Informó que una vez iniciado el Segundo Periodo de Sesiones de este Segundo Año de labores de la LXXIV Legislatura, presentará la iniciativa de reforma ante el Pleno con la idea de que pueda transitar a la brevedad su dictaminación en comisiones, ya que no es aceptable permitir inconsistencias legales que sigan cobrando la vida de las mujeres.