Revivirán el tema de la “ley antimarchas” en el Congreso de Michoacán

Disfrazada con el nombre de “Ley para el ejercicio de la libertad de expresión y su manifestación”, el diputado Ernesto Núñez presentó una iniciativa para impedir manifestaciones que obstruyan el tráfico

Las manifestaciones y marchas en Michoacán tendrían que llevarse a cabo en espacios públicos pero sin obstruir el tráfico de vehículos o peatones y los elementos de seguridad tendrán la obligación de disolverlas si consideran que atentan contra la seguridad, si se aprueba la propuesta de ley que presentó este jueves Ernesto Núñez Aguilar, diputado local por el PVEM.

Disfrazada con el nombre de “Ley para el ejercicio de la libertad de expresión y su manifestación”, esta normativa propone entre otras cosas incrementar las sanciones que deriven de la comisión de cualquier ilícito cuando éste se cometa cuando se está “haciendo uso del derecho de expresión y manifestación”.

En realidad se trata de la misma iniciativa que el diputado presentó durante la anterior Legislatura, que optó por enviarla a “la congeladora”, luego del descontento social que provocó.

“A lo mejor las primeras que se presentaron sí eran anticonstitucionales porque coartaban la libertad de manifestación. Aquí lo hemos cuidado pero también está la libertad de tránsito de todos los ciudadanos”, justificó en entrevista Núñez Aguilar.

La propuesta plantea que se prohíba que durante una manifestación se obstruya más de la mitad de la vialidad de que se trate y que tendrá que permitirse que el espacio que se ocupa pueda seguir ofreciendo los servicios o cumpliendo la función social para la que está destinado.

Esta propuesta de ley establece que se debe emplear el uso de la fuerza pública para disolver la actividad en caso de que se cometan estos actos o se considere que se “perturbe el orden público”.

“En cualquier manifestación o marcha está prohibido que los manifestantes o representantes realicen actos de violencia en contra de las personas o las cosas, provocando o no un daño o perjuicio a los espacios públicos, lugares públicos o vía pública”, se expresa el proyecto de ley.

Para el diputado del Partido Verde, las pintas que se realizaron durante las marchas feministas en la Ciudad de México constituyen actos vandálicos. “Es un reclamo social, la manifestación es válida, pero no pueden destrozar comercios”, fue su opinión.

En esta ley se plantea que para “salvaguardar el uso de los espacios públicos, lugares públicos o vía pública”, las autoridades deberán de reconvenir en dos ocasiones a los manifestantes y de no obtener respuesta, tomar “las medidas necesarias”. En estas situaciones, se tendría que videograbar el procedimiento y de solicitar la presencia de un visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Además, se indica que los manifestantes tendrían que avisar con anterioridad que llevarán a cabo esta actividad para poder notificar al personal de la CEDH y a la autoridad en cuestión, que tendría la obligación de recibirlos y elementos de seguridad pública tendrían que acompañarlos, tanto para proteger a los ciudadanos como a los mismos manifestantes, puntualizó Ernesto Núñez.

Se platean también las sanciones a las que podrían hacerse acreedores los manifestantes que son amonestación, multa de hasta quinientas Unidades de Medida y Actualización (UMA), arresto administrativo y trabajo a favor de la comunidad hasta por treinta jornadas laborales.