Sin conocer el dictamen, Cuquita Cabrera aplaude aprobación de objeción de conciencia en Nuevo León

La diputada reconoció que en el Congreso local no hay consenso para aprobar su iniciativa en este tema y dijo no tener claro por qué la medida es discriminatoria.

Sin entender por qué algunos grupos civiles han manifestado que la medida es discriminatoria, la diputada local por el PAN Refugio Cabrera celebró que el Congreso de Nuevo León haya aprobado modificar la Ley de Salud para introducir el principio de “objeción de conciencia”, con lo que el personal de salud pública podrá negarse a prestar servicios aludiendo “principios éticos o morales”.

“El personal médico y de enfermería que forme parte del sistema estatal de salud podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta ley”, es lo que expresa el dictamen que se aprobó.

Este vacío llevó a que grupos defensores de derechos humanos se pronunciaran al considerar que al no especificar la justificación para negar el servicio, los prestadores del mismo podrían negarse a atender a grupos vulnerables, como a los pertenecientes a la comunidad diversa sexual.

“Esa parte no la tengo clara”, declaró “Cuquita” Cabrera, aunque se dijo “muy contenta” porque se haya logrado esta reforma, ya que ella presentó una iniciativa similar en el Congreso de Michoacán, aunque en su caso, no ha logrado el consenso para que se apruebe. “No he logrado el quórum para que salga a favor” (sic.), expresó.

De acuerdo con la legisladora panista, varios diputados le han pedido que retire del orden del día en las sesiones “para seguirlo platicando”, ya que no hay una disposición de la mayoría de votar su dictamen de manera favorable.

Por otro lado, el diputado por el PRD Norberto Antonio Martínez Soto, presentó una segunda propuesta, para incorporar la objeción de conciencia, pero asegurando que en los centros de salud pública exista personal no objetor de conciencia, propuesta que no se aprobó en Nuevo León. También propone que la interrupción de un embarazo que fue producto de una violación antes de las 12 semanas de gestación se considere una urgencia médica y no pueda ser objetado.