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Promover el respeto al medio ambiente, elaborar contenido en lenguas indígenas así como para personas con cualquier tipo de discapacidad, utilizar un lenguaje incluyente y evitar “hacer apología del delito” son algunas condicionantes que a partir de ahora pondrá la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado (CGCS) a los medios de difusión de información antes de celebrar contratos de publicidad.
Este jueves, antes de iniciar la conferencia “Publicidad gubernamental”, el especialista Ernesto Villanueva, quien también se reunió directamente este mismo día con el gobernador del estado, Silvano Aureoles, aplaudió estos lineamientos y los calificó como “un avance sin precedente”.
A pesar de que con ello el Gobierno del Estado estaría incidiendo en los contenidos periodísticos y con ello en la línea editorial de cada medio, para Villanueva es algo en el que nadie podría estar en desacuerdo. “Se busca al nivel de aproximaciones sucesivas que un medio sea incluyente con un lenguaje no machista, no sexista, yo creo que cosas en que todo el mundo está de acuerdo y están en los tratados internacionales. Van a ser aproximaciones sucesivas, no de la noche a la mañana”, expuso.
Por otro lado, aseguró que será un beneficio el hecho de que se esté condicionando también a las empresas informativas a tener registrados a sus empleados en el seguro social, pero al mismo tiempo dejó entrever que existe un vacío legal para librarse de esa obligación, en el caso de que se registre a la empresa a nombre de una persona física.
“En estos lineamientos tienes si eres personas física o moral. Hay muchos portales que son de empresas que no tienen a nadie en el seguro social porque lo hacemos nosotros, yo soy al mismo tiempo empresario, editor y reportero. No es fiable. Se trata desigual a los desiguales. Es de, no voy a aplicarle el caso de un gran medio los mismos criterios”, argumentó.
Otras particularidades de estos lineamientos, dados a conocer el pasado 5 de enero, es que se pide una carta de no inhabilitación emitida por la Secretaría de Contraloría, contar con un Código de Ética, definir el perfil del público al que se dirige el medio y comprobar el nivel de audiencia “a través de una empresa calificadora autorizada por la CGCS”.
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