A pesar de las recomendaciones del consejo de construcción del tren maya, así como de los asesores y estudios ambientales por los que se pagó 60 millones de pesos, el Gobierno de México decidió que no tenía más tiempo que perder e inicio la obra sin tener una Manifestación de Impacto Ambiental, como manda la ley.
Sin embargo, los obstáculos legales no podían interponerse entre el presidente y su magno proyecto, por lo que se recurrió a ordenar a la Semarnat a que exentara de todos los requisitos ambientales al proyecto y diera su autorización fast track.
Por medio de vericuetos legales, los asesores presidenciales puentearon la ley ambiental, a pesar de que este estudio de Impacto Ambiental se considera fundamental e insustituible para cualquier obra pública en el país.
Sin embargo, expertos que participaron en el proceso declararon a El Universal que hacer las cosas conforme a ley, suponiendo que el proyecto no causará daños al ecosistema tal como está planeado, el inicio de la construcción se habría postergado hasta octubre, por lo que el presidente López Obrador prefirió saltarse las leyes ambientales e inició la obra desde el 1 de junio.
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