Violencia contra las mujeres no puede tolerarse: Lucila Martínez

La violencia familiar se debe perseguir de oficio para no esperar a que la víctima pueda o se atreva a presentar la denuncia correspondiente.

La violencia contra las mujeres no puede tolerarse en ninguna de sus dimensiones, es un flagelo que vulnera derechos y corrompe la cohesión social, recalcó la diputada Lucila Martínez Manríquez, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.

La diputada apuntó que, si bien se han dado pasos necesarios para combatir la violencia que diariamente sufren las mujeres, aún hay mucho camino por recorrer, el cual debe ser transitado tanto por autoridades como por la sociedad en su conjunto.

Destacó la importancia que la violencia familiar sea perseguir de oficio en nuestro país, para no esperar a que la víctima pueda o se atreva a presentar la denuncia correspondiente, tal y como Martínez Manríquez lo ha propuesto en Michoacán.

Recordó que la familia siempre será el primer grupo social de las personas, la célula inicial y principal de la sociedad y el núcleo de la organización humana, sin embargo, su naturaleza se ve afectada cuando al interior de ésta se ejerce violencia sistemática contra quienes la conforman.

“Resulta indignante, que el nicho de protección y seguridad en el que todos imaginamos desarrollarnos, sea trasgredido por conflictos emanados de dinámicas nocivas entre sus miembros, mismas que se traducen en sucesos derivan en la desintegración de la institución más importante de la sociedad”.

En vísperas de conmemorarse el próximo 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, la legisladora subrayó que es precisamente en el hogar donde se viven condiciones recurrentes de violencia en contra de la mujer, situación sobre la que debe haber mayor trabajo y acción pública para ser desterrada.

“La violencia familiar o doméstica tiene una relevancia creciente en todos los contextos y su solución requiere de abordajes multidisciplinarios e interinstitucionales; su atención debe considerarse como prioritaria para los gobiernos, interviniendo en las distintas fases del problema, desde su prevención hasta su tratamiento y rehabilitación”, recalcó.