Morelia, Michoacán a 29 de septiembre de 2017.- Partiendo de que la corrupción se genera en las campañas electorales, resulta especialmente delicado que se suprima el financiamiento público, ya que daría pie a que pudieran ingresar recursos prohibidos por la legislación electoral, de acuerdo al fiscal especializado para la atención de delitos electorales Santiago Nieto Castillo.
“La supresión del financiamiento público a los partidos políticos para el proceso electoral de 2018 puede generar un contexto negativo en la medida en que genera un incentivo para que los partidos políticos obtengan fuente de financiamiento de carácter ilícito, llámese ilegal a través del desvío de recursos públicos o a través de recursos prohibidos por la legislación electoral en el ámbito de las empresas mercantiles, del financiamiento proveniente del extranjero, de ministros de culto o de procedencia ilícita”, puntualizó el fiscal, por lo que exhortó a los partidos políticos a dejar de hacer declaraciones irresponsables al respecto.
Esto no quiere decir, aclaró, que no deba reducirse la cantidad de dinero que se destina a estos fines, pero que esto se debe de hacer sin perder de vista la importancia de la fiscalización para evitar el desvío de recursos por parte de funcionarios o el condicionamiento de programas sociales.
“Se trata de un nivel excesivo que debe ser reducido de cara al momento que estamos viviendo, pero esto se tiene que hacer en el marco del estado de derecho que establece que no puede haber reformas 90 días antes del proceso electoral y generar un modelo que impida que haya financiamiento ilícito a las campañas electorales y que se desvíen recursos o se condicionen programas sociales al no contar con financiamiento”, señaló y agregó que de tomar estas medidas se debe hacer de manera permanente y no únicamente por la coyuntura del 2018.
Las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía Especializada Para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE), detalló, y que derivaron en detenciones como la de César Duarte, parten de que la corrupción se origina en las campañas políticas: “uno de los problemas centrales de la democracia en México tiene que ver con la relación entre corrupción y delitos electorales. La corrupción empieza en las campañas electorales con el desvío de recursos públicos de la federación, estados y municipios a partir de este contexto estamos desarrollando las investigaciones”.
Nieto Castillo advirtió que “el condicionamiento de programas sociales, la coacción a los subordinados, la retención de salarios a los trabajadores, peculado electoral al utilizar bienes o servicios que tengan a cargo los funcionarios son una conducta delictiva que será perseguida por la Fepade en todos los supuestos”. Un área que no había sido fiscalizada anteriormente y que se integrará durante el próximo proceso electoral será la del uso de las redes sociales.
En este sentido, Nieto expuso que se supervisarán las cuentas personales de candidatos y figuras públicas para evitar que publiquen resultados de encuestas o sondeos de opinión tres días antes del proceso electoral y también para detectar si se reportó al Instituto Nacional Electoral (INE) la propaganda pagada de redes dentro de los gastos de campaña. Asimismo, el fiscal recordó que la emisión de noticias falsas implica una conducta delictiva que da origen a investigaciones.
