Por: Erik Avilés Martínez
El derecho al deporte de los ciudadanos debe de estar por encima de cualquier interés particular. Sin embargo, en la administración del sistema deportivo suceden circunstancias que lo amenazan, al comprometerse el acceso a las instalaciones, a su equipamiento, a clases con instructores certificados y a participar en ligas y competencias del deporte de su predilección por conflictos laborales y administrativos.
Específicamente, el acceso al deporte en Morelia es un asunto público que durante muchos años ha estado olvidado y que incrementalmente se ha visibilizado y cobrado cada vez mayor importancia. La Federación, el Gobierno del Estado y las administraciones municipales recientes han hecho esfuerzos por reivindicar este derecho ciudadano.
De origen, para tales efectos, se ha tenido que lidiar con la escasez de recursos, lo cual se ha enfrentado incluso recurriendo a empréstitos, que han paliado la carencia de infraestructura deportiva, especialmente en la zona Norte del municipio. Sin embargo, construir instalaciones y darles mantenimiento no es lo más complicado, sino sostener el servicio educador que deben brindar los profesionistas en la materia.
Por esta razón, preocupan las circunstancias laborales del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Morelia (IMCUFIDE), en donde las acusaciones entre parte patronal y trabajadores oscilan entre el dispendio, aviadurías, contratación de personal sin perfil, de nepotismo, de terrorismo laboral y abusos de poder. No puede soslayarse el hecho de que, en segundo plano, aparecen nombres de actores políticos, quienes visiblemente manifiestan interés en intervenir al respecto.
La situación de la gestión integral de los recursos humanos en el IMCUFIDE debe de superarse con transparencia y apego a derecho. Pero sobre todo, vale la pena que se llegue a dilucidar los orígenes de las circunstancias que lo embargan en la actualidad y se informe a la sociedad sobre los verdaderos causantes de esta crisis, para que se tomen las decisiones a que haya lugar sin que se politicen, justo en pleno proceso político-electoral.
Es un hecho, se debe de actuar al respecto, con apego a la razón y a la normatividad, sin que se limite en absoluto el derecho al deporte de más de 800 mil morelianos, cuya salvaguarda debe de estar por encima de cualquier finalidad parcial.
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