Desconocen si el homicida fue vinculado a proceso pues no hubo traductor en la audiencia inicial, señalan que el DIF buscó siempre convenios para continuar el matrimonio pese a la reiterada violencia de género que sufría la víctima. Denuncian que son revictimizadas por ser la víctima mujer indígena en condición de pobreza.
Morelia, Michoacán a 1 de abril de 2018.- Acompañados por activistas de la asociación civil Humanas Sin Violencia, familiares de Juana Baltasar Felipe, víctima de feminicidio a cuchillazos frente a sus hijas por parte de su pareja Wilfrido A.G., denunciaron la doble victimización que está pasando la familia a raíz del asesinato de Juana y las omisiones del DIF de Chilchota que derivaron en el homicidio.
De acuerdo a la activista Circe López Riofrío, los familiares de Juana, hablantes de lengua purépecha, no tuvieron un traductor en la audiencia inicial por lo que no entendieron qué estaba pasando y desconocen si el agresor fue vinculado a proceso.
Temen que pueda ser liberado pues en reiteradas ocasiones fue denunciado y detenido por violencia de género pero al parecer los vínculos de la familia del agresor con partidos políticos ayudaban a que este saliera después de algunas horas de arresto tras el pago de una fianza.
Solicitan que el DIF ya no intervenga en el caso pues aun cuando en varias ocasiones Juana acudió a denunciar la violencia de género que sufría y manifestó su intención de separarse, además de dejar claro que el agresor la regresaba a su casa por la fuerza, eran los funcionarios quienes la conminaban a sostener el matrimonio generando incluso convenios, lejos de ayudarle a tramitar una orden de restricción.
El agresor fue capturado cuatro días después del asesinato ocurrido el 17 de marzo en una comunidad cercana y fue rescatado de ser linchado por el ministerio público que lo trasladó a Zamora sin embargo debido a la falta de traductor los familiares no tienen si quiera el número de carpeta de investigación.
La exigencia de los familiares y de Humanas Sin Violencia es que a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva se brinde apoyo integral a la familia de Juana como víctimas secundarias del feminicidio, asimismo que la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV) proporcione un abogado bilingüe y calificado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, así como apoyos económicos para los gastos funerarios y los traslados que conlleva el proceso legal que se lleva a cabo en la Fiscalía Regional de Zamora.
Advirtió Circe López que responsabilizan al presidente municipal, Mario Silva Amezcua, en caso de alguna represalia contra los familiares de Juana y subrayó que el feminicidio es responsabilidad del edil pues no cuenta con una instancia de atención a la mujer con personal calificado que pudo evitar que el feminicidio se perpetrara, tan es así que era el DIF la instancia que atendía de forma errónea al buscar convenios para continuar el matrimonio y no la orden de restricción que le hubiera salvado la vida.
