La contingencia sanitaria por el COVID-19 se ha sumado a problemas financieros, políticos, sindicales, de discriminación y abusos, administrativos, de infraestructura y equipamiento, de control de los recursos humanos, así como de aplicación de la normatividad en la materia.
Era inminente la postergación del regreso a clases. La declaración de emergencia sanitaria ya envió el retorno a las aulas por lo menos hasta el 6 de mayo, ya que el 4 hay Consejo Técnico Escolar y el 5 es fecha cívica. Es probable que, en función de la evolución de la contingencia sanitaria, pueda llegar a darse algún anuncio adicional al respecto, modificando el retorno a las aulas.
Sin embargo, considero que el rumor de la pérdida del ciclo escolar, de quedar sin certificaciones es infundado, ya que, por una parte, esa área está trabajando normalmente, mientras que, por otra parte, sería inédito declarar que más de dos terceras partes del ciclo escolar quedasen sin reconocimiento ni acreditación por parte de las autoridades.
Más bien, es de esperarse que se mejoren las medidas para que los docentes puedan continuar en contacto con los estudiantes y por ende, liderando los procesos de aprendizaje de cada niña, niño, adolescente y joven en la entidad.
La contingencia sanitaria demostró que nunca hubo un plan “B” en materia de educación abierta, a distancia ni del uso siquiera de las TIC, por lo cual, maestros, estudiantes y padres de familia estamos pagando las consecuencias.
Por otra parte, el COVID-19 exhibe otras falencias de nuestro sistema educativo estatal. Por ejemplo, el pago discriminado hacia los trabajadores de la educación con plaza estatal volvió a ocurrir, al recibir un monto menor al de quienes tienen plaza federal. La escasez de recursos en el gobierno estatal derivada de la emergencia se nota en el bolsillo de los maestros estatales.
Más aún, quincena a quincena, bono a bono se ratifica la inexistencia de la mal llamada “federalización de la nómina“, un acuerdo que nunca llegó y que tampoco se ha evidenciado que existan documentos en alcance que mejoren el saque inicial realizado el 23 de enero pasado, del cual no se han visto sus bondades aún.
En esta ocasión, las protestas no solamente provienen de las dos alas de la CNTE, sino también del SNTE y del FESEMSS, ya que son afectados por igual trabajadores de educación básica como los de educación media superior y superior.
En la UMSNH parece haber acuerdos para pagos de adeudos que datan de diciembre pasado, pero si no se cumplen vendrá la réplica de profesores y empleados.
Urge que se regularicen todos los mecanismos de pago, para que no vuelva a ser noticia ni el impago ni tampoco el pago, como no lo es en 31 entidades federativas. Simplemente debería asumirse que sucede naturalmente. Los nubarrones solamente se están condensando: paros, movilizaciones, protestas y huelgas en cuanto pase la contingencia sanitaria.
El derecho a aprender de la niñez y juventud estará tan expuesto o más que hoy. La autoridad debe lograr la elaboración de toda una plataforma educativa a distancia que permita garantizar derechos de estudiantes y maestros, así como pagar en tiempo y forma salarios y prestaciones de todos los trabajadores de la educación de Michoacán.
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