Quien no tenga para pagar, será embargado y en determinados casos podrían terminar en prisión, ya que a la par se está llevando un proceso penal en los casos de peculado, informó el contralor Francisco Huergo Maurín
Casi mil millones de pesos tendrán que resarcir al estado ex funcionarios que estuvieron en funciones de 2012 a 2015 y que no pudieron comprobar el uso que se dieron a esos recursos, indicó el titular de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado (SECOEM), Francisco Huergo Maurín.
Indicó que en caso de no tener cómo pagar esta sanción, serán embargados y que la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) ya tiene detectados todos sus bienes sino aquellos que pudieron haber donado durante el tiempo que duró el proceso legal, ya que éstos también podrán ser embargados.
De estos mil millones de pesos, la mitad corresponden al ex secretario de finanzas, Miguel López Miranda, cuya situación está en proceso. “No tengo que nadie tenga 500 millones de pesos. Se turnó a la SFA, se hizo el avalúo de los bienes, se solicitaron las fechas y los embargos correspondientes. Lo que no alcance será un crédito fiscal y continuarán en ese proceso hasta que el señor cumpla y lo que no, puedes ir a lo penal, hay procesos que salen del tema administrativo”, detalló.
De acuerdo con el contralor, la mayor parte de las observaciones corresponde a las áreas en donde se manejan más recursos, como educación, salud y finanzas y que no todos constituyen peculado. “Lo normal, tomas un recurso, hay una necesidad y si lo mueves del fondo tantito y luego lo regresas, ya te metiste en una bronca. Se cataloga como desvío, sin embargo no lo hay” explicó.
En este caso, acotó, se está ante una falta administrativa y no se pide que se reintegre el recurso, lo que sucede únicamente en los casos en que no se puede comprobar cuál fue el uso que se le dio. “Estamos evitando hacer uso de la Contraloría como un instrumento de presión. Atrás de cada decisión hay un padre de familia, una esposa, hijos, y lo que no se vale es que encaprichados o molestos o un tema partidista se tomen decisiones que afecten a las personas de forma irresponsable, entonces tiene que estar suficientemente documentado para que proceda”, manifestó.
Huergo Marín indicó que también se revisará el manejo de recursos de años más recientes, pero que determinó iniciar con 2012 porque cuando llegó al cargo encontró un rezago muy importante. “Tuvimos ue empezar a atender desde 2012, si no los atendíamos se nos prescribían en la mano”, justificó.
El funcionario expuso que no se trata de proteger a nadie pero tampoco de afectar, sino de que se hagan las cosas de la manera debida, y que por ello primero se brinda toda la asistencia necesaria para poder comprobar los gastos, antes de aplicar una sanción.
“La primera responsabilidad de la Contraloría es hacer que los secretarios cumplan y entonces vamos a revisar procesos dinámicas, formas de capacitación, ayudarles a integrar la carpeta, llevarlos a México, hacer lo que se tenga que hacer. Si después de todo esto no cumplen, tendrán que asumir su responsabilidad”, expresó Huergo.
