Planeación Educativa: Dos Urgencias

Poner a los mexicanos al centro de la toma de decisiones, cumplir y hacer cumplir la ley, tomar en cuenta a todos los actores involucrados, respetar lo ya construido y aprovechar lo ya realizado por administraciones anteriores para modelar el futuro son algunos principios enunciativos para ejercer un buen gobierno que por momentos preocupa si se siguen tomando en cuenta desde la toma de decisiones respecto al sistema educativo nacional.

Por ejemplo, la reciente aprobación de un Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el cual, por ley constituye el instrumento de planeación para el desarrollo integral de México desde el cual se delinea el futuro para rubros trascendentales sea apenas un esbozo contenido en solamente 65 páginas, el cual carece a su vez de indicadores y metas específicas para estar mejor en todos los aspectos para aquel entonces, a la par que diluye u olvida aspectos del desarrollo humano que son cardinales, como la estrategia nacional de la primera infancia. Es urgente que se enmiende la plana a lo aprobado y se reivindique al documento aprobado elaborando un alcance en donde se pulan los aspectos que han quedado débiles, que flaquean por omisión y por franca desidia.

Asimismo, en Michoacán preocupa el denominado pase de lista que realizan autoridades federales en coadyuvancia con las estatales para verificar la nómina magisterial michoacana. Es insoslayable que la compulsa resulta una medida altamente necesaria en la entidad federativa, dado que no se ha realizado una supervisión de este calado en el sistema educativo local por la reiterada resistencia a los actos administrativos de fiscalización por parte de la Sección XVIII de la CNTE, grupo gremialista que parece tener mucho que perder cada vez que medidas de esta índole se anuncian, por lo que se oponen a toda costa a que se sepa de entre todos los beneficiarios de la nómina magisterial quiénes están y quiénes no devengando debidamente su salario, ni bajo cuáles condiciones.

Aunado a lo anterior, las condiciones de las vías terrestres, la orografía de la entidad, la dispersión geográfica de las comunidades escolares, el clima político e incluso la situación en materia de presencia delincuencial ha dificultado enormemente en el pasado aplicar una revisión exhaustiva al principal rubro en el que se invierte en materia educativa en la entidad: el pago de nómina.

La CNTE debe permitir que la autoridad realice su trabajo y en todo caso, defender los derechos profesionales de sus representados, pero posibilitando que se desmitifique la posible existencia de aviadores camuflados en el gremio magisterial, secreto a voces que ha denigrado la identidad e imagen de los docentes. No permitir que se reivindique al trabajador de la educación mediante una supervisión del gremio es ser cómplice de la opacidad y de la corrupción.

A pesar de ser una medida de irrefutable necesidad, pareciera que se aplica extemporáneamente y a marchas forzadas, dado que pudo haberse previsto esta situación con al menos un semestre de anticipación, para poder realizar gradualmente la verificación in situ para todos los trabajadores de la educación de Michoacán. Resaltan la falta de planeación y programación debidas de esta medida.

Ahora, con el cierre del Ciclo Escolar 2018-2019, será complicado que todos puedan responder en tiempo y forma, dado que hay trabajadores de la educación que programan cursos de verano, estudios de posgrado, estancias, intercambios, compromisos familiares, de salud o vacacionales, por lo que deberá de haber comprensión y flexibilidad, tanto de las autoridades federales y estatales, como de los trabajadores de la educación y de sus representantes, para que el proceso de supervisión sea lo más terso posible y arroje resultados fidedignos, que no solamente se limiten a cuantificar las presencias y las ausencias, sino que sirva para explicar, caso por caso, las situaciones en las que existan irregularidades, con un enfoque de mejora contínua, que vaya más allá de lo meramente punitivo.

Esperemos que en ambos casos se pueda lograr conseguir los objetivos gubernamentales tomando en cuenta primeramente los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes mexicanos para evitar que se empantane lo que debería ser el sano y natural ascenso evolutivo del ciclo de la política pública.

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