La presencia del ejército en Michoacán ha derivado en quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos y su efectividad está en tela de juicio, de acuerdo al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Michoacán.
Morelia, Michoacán a 5 de enero de 2017.– Seis expedientes por quejas en contra de las fuerzas armadas en el estado por presuntas violaciones a derechos humanos se encuentran pendientes una vez que fueron remitidos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); sin embargo, entre 2006 y 2007, que es cuando arribó el ejército a la entidad, se presentaron alrededor de 500 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), precisó su presidente, Víctor Manuel Serrato Lozano.
Esto a partir de las consideraciones que surgen luego de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que para Serrato Lozano podría presentar visos de inconstitucionalidad, además de resultar ambigua en algunos aspectos.
“No define qué es seguridad interior de manera que todo puede caber en seguridad interior, desalienta la responsabilidad de los gobiernos estatales en seguir formando y fortaleciendo sus cuerpos policiacos, otorga facultades de investigación a los militares y actividades de prevención, que es bastante riesgoso”, advirtió Serrato.
“Tampoco prevé un mecanismo de rendición de cuentas”, advirtió, lo que impediría que se pudieran presentar consultas por la vía de transparencia.
“El artículo 21 señala que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, los estados y municipios y que las instituciones de seguridad pública son de carácter civil; entonces, yo le veo una clara inconstitucionalidad a esta ley y la vamos a tener que someter al tamiz constitucional ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, puntualizó el ombudsman michoacano y señaló que esta comisión acompañará a su homóloga nacional en la elaboración de una acción de inconstitucionalidad.
Asimismo, Serrato Lozano cuestionó la eficacia de la incursión de las fuerzas armadas para combatir el crimen organizado. “El ejército tiene 11 años realizando funciones de seguridad pública y la cosa no ha mejorado, ha empeorado. En el 2007 el número de homicidios en México era diez mil, hoy está arriba de 23 mil homicidios por año. La presencia del ejército haciendo acciones de seguridad nada nos garantiza”, expuso.
