“¿Quién mató al Comendador? Fuenteovejuna, señor”. Lope de Vega
El hackeo a la información que resguarda la Secretaría de la Defensa Nacional se puede analizar desde muchos ángulos. En este Espejo Roto expondremos solo tres que tienen que ver con el buen gobierno.
En primer lugar, la necesidad de que cualquier institución de gobierno – y más aun la que, hasta ahora y parece que por más tiempo, se encarga de la seguridad- cuide los datos personales bajo su resguardo.
Hablamos concretamente de los nombres de los soldados que participan en los operativos y de aquellos que se encuentran apostados en zonas de riesgo como las aduanas. No se trata de ocultar los nombres de quienes están a cargo; sino de garantizar la seguridad y la integridad y la de sus familias. ¿Se imagina lo que sucedería si esa información está en manos del Crimen Organizado? Bueno pues, hoy, está en manos de un medio de comunicación y al alcance de quien la quiera.
Parte de las obligaciones del Estado consiste en proteger los datos personales sensibles que están bajo su resguardo. Si el Estado no puede cumplir esa garantía, ¿con qué confianza Usted brindará información sensible pero necesaria para trámites y servicios, como su domicilio, por ejemplo?
En segundo lugar, la discusión sobre el estado de salud de quien toma las decisiones que nos afectan a todos ¿debe considerarse un asunto personal o un asunto público?
No se trata de estar enterados de cada uno de los problemas de salud (una gripa, una lesión muscular leve, una infección de estómago), pero si de aquellas situaciones que por su intensidad o gravedad impidan al gobernante realizar su trabajo.
Como servidor público, sus ausencias en el desempeño de sus funciones deben ser informadas como un empleado informa a su jefe. Así de sencillo. Y tambien, al ser un empleo de alta demanda, se debe valorar si la condición de salud no pone en riesgo el desempeño en su trabajo.
Finalmente, al confirmarse que la liberación de Ovideo Guzmán – y habrá que ver que otras determinaciones- fueron decisión directa del Presidente es necesario resaltar nuevamente que las decisiones de gobierno DEBEN fundarse y motivarse de cara a la sociedad.
Para el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción que encabeza el Dr. Mauricio Merino, la corrupción consiste en la captura de presupuestos (recursos públicos), puestos y decisiones del Estado. Es decir, cuando una o pocas personas tienen el control absoluto y discrecional de los recursos, los puestos y las decisiones.
Las consecuencias de la toma de decisiones nos afectan (en positivo y negativo) a todos y es justo que todos sepamos, cuando menos, por qué se toman. Apoyarlas y legitimarlas es un derecho todavía muy lejano para los mexicanos.
Sin embargo, la responsabilidad de la toma de decisiones no puede diluirse ni aminorarse cuando las decisiones se toman de cara a la sociedad. Eso es quizás la razón por la que las decisiones se toman “en lo oscurito”. ¿No cree? Así, nadie sabe, nadie supo.
