- Durante la segunda lectura de la Fiscalía General del estado, legisladores presentaron sus razonamientos a favor y en contra de su aprobación. Las bancadas de Morena y PT se mostraron en contra de varios aspectos.
Morelia, Michoacán a 14 de febrero de 2019.- La discusión sobre el dictamen de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado se ha prolongado por horas en el pleno del Congreso local, ya que legisladores de Morena y el PT consideran que hay aspectos anticonstitucionales en el decreto elaborado por la comisión de Justicia.
El nombramiento de fiscales especializados y la integración del Consejo Consultivo son los temas que han causado mayor disenso entre los legisladores, ya que las fracciones parlamentarias de Morena y PT manifiestan que el Poder Legislativo debería de estar facultado para elegir a los fiscales especializados, ya que dijeron no confiar en el fiscal general para esta tarea. Asimismo, se oponen a que dentro del Consejo Consultivo haya representantes de los tres poderes y manifiestan que debiera estar integrado únicamente por ciudadanos.
Al respecto, al razonar su voto a favor, la diputada perredista Araceli Saucedo Reyes manifestó: “nuestra Constitución establece que sólo el fiscal general y el fiscal anticorrupción deben ser electos por el congreso. Si queremos elegir al resto, deberíamos primero pensar en reformar la Constitución del Estado. Debemos confiar en los exámenes de control de confianza que deberán de cumplir todos los fiscales y que son realizados por la Fiscalía General de la República”.
Por su parte, la legisladora por Morena Zenaida Salvador Brígido Morena cuestionó la integridad de sus compañeros de Legislatura al sugerir que algunos llegaron a su curul mediante la compra de votos y que por tanto su compromiso no es con la ciudadanía sino con quien adeudan favores políticos.
“Creo en la importancia de no dejar nada a criterio de otros”, manifestó la legisladora y en ese mismo sentido argumentó que es necesario promover desde la legislación incentivos para los trabajadores de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) que pasarían a ser de la Fiscalía General, para evitar que opten por dejarse corromper por el crimen organizado.
