El sistema estatal de salud negó a una niña de 13 años víctima de violación la interrupción de su embarazo. La organización Humanas sin Violencia pide una audiencia con el gobernador del estado, Silvano Aureoles y con el fiscal general, Adrián López Solís.
“M” tenía 12 años, vivía en una situación de pobreza extrema y estaba por iniciar la secundaria cuando fue violada por su padrastro y quedó embarazada. Buscó ayuda de las instituciones porque a su edad podría morir de continuar con la gestación, pero se le negó la atención.
Al enterarse de lo que pasaba, la madre de la menor, quien se desempeña como empleada doméstica, la acompañó a poner una denuncia en la Agencia Especial de Delitos Sexuales, que es parte de la Fiscalía de Atención a los Delitos de Violencia familiar y de género, ahí las atendió una agente del Ministerio Público que fue muy atenta y eficiente, pero también una doctora que buscó convencer a “M” de que fue su culpa que, a los 12 años, un adulto la haya agredido.
El agresor fue detenido y espera a que se dicte una sentencia, pero el juez decidió posponer la primera audiencia seis meses, tomando en cuenta el tiempo que tardaría “M” en dar a luz y en la espera que presentara también denuncia por pensión alimenticia.
Después “M” y su mamá fueron al DIF, en donde trataron de convencer a la niña que continuara con su embarazo y diera en adopción al producto y le dijeron a la madre que la terapia psicológica a la que tenía derecho la pequeña de ahora 13 años, se la iban a cobrar.
Días después las mujeres acudieron al Hospital de la Mujer a presentar una solicitud formal, por escrito, para que se interrumpiera el embarazo, pero se les respondió que antes era necesario consultar con un consejo, aunque por ley tendrían que haber accedido.
La Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 (NOM 046) sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) establece que toda mujer que quede embarazada como consecuencia de una agresión sexual tiene derecho a interrumpir la gestación.
“M” ya tenía 16 semanas de embarazo cuando acudió con su madre a la organización Humanas sin Violencia, que brindó acompañamiento para que el procedimiento se llevara a cabo en la Ciudad de México; sin embargo, “M” no tendría que haber viajado, ya que la NOM 046 es válida en todo el territorio mexicano y el Código Penal de nuestra entidad establece, además, varias causales por las que no está penado interrumpir un embarazo. Entre ellas, si es producto de una violación, si corre riesgo la vida de la mujer gestante o si vive una situación de pobreza extrema.
La organización Humanas sin Violencia pide una audiencia con el gobernador del estado, Silvano Aureoles y con el fiscal general, Adrián López Solís para exponer este caso particular y porque “M” y su madre tienen la esperanza de que se elimine este laberinto burocrático para las demás mujeres que pasen por algo similar.
La presidenta de Humanas sin Violencia, Circe López Riofrío, lamentó que hasta ahora no ha obtenido respuesta de López Solís y acotó que no esperan que la reunión sea en persona y que aceptarían hacerla a distancia por la contingencia, pero aclaró: “no queremos hablar con nadie más que con él”.
La activista alertó que la persona que atendió a las víctimas se negó a identificarse aún cuando se le preguntó su nombre y consideró que los servidores públicos deberían de contar con alguna placa o gafete para identificarse y que se pudieran presentar quejas si fuera necesario.
Advirtió que los consejos de bioética están prohibidos y no pueden estar por encima de la ley. “El funcionariado no entiende de qué se trata o a lo mejor sus creencias morales impiden llevar a cabo el procedimiento y si existe este procedimiento de someter las peticiones a un consejo de bioética es violatorio y agrava la violencia y le impide a las mujeres acceder a su derecho“, sentenció.
Puntualizó que además de la interrupción del embarazo, el Hospital de la Mujer tendría que haber ofrecido una serie de servicios profilácticos a la niña una vez realizado el procedimiento, aunque se haya llevado a cabo en otra institución y que por ser víctima de una violación se le tendría que hacer una prueba de VIH, pero hasta ahora no se le ha llamado.
Agregó que en el sistema de salud michoacano se sigue practicando el legrado como técnica de interrupción del embarazo, cuando esa técnica es invasiva y está prohibida ya por la Secretaría de Salud nacional.
Finalmente, López Riofrío le envió un mensaje a la diputada Mayela Salas, de Morena, quien afirma que las mujeres que interrumpen su embarazo sufren un daño mental permanente:
“A la diputada que dice que las mujeres se ponen locas y se deprimen, le enviamos un mensaje para decirle que no. Ella está muy feliz, está pensando cómo puede retomar su vida, qué pueden hacer para sobrevivir. Etán pensando si venden tamales o pozole para salir adelante pero las vemos descansadas con un respiro importante. Ellas querían decirle a la autoridad que no querían seguir con ese embarazo y nadie le preguntaba ni le permitía decirlo”.
