Se renovarán más de 21 mil cargos de elección popular el próximo año, justo cuando el país atraviesa una recesión económica, consideraron los consejeros electorales. El presupuesto debe estar listo para agosto.
El Instituto Nacional Electoral (INE) comenzará a elaborar su proyecto presupuestal, que tendrá que ser aprobado por el Consejo General a más tardar el 28 de agosto, para remitirlo al Congreso de la Unión.
Nunca antes una recesión económica ha puesto en riesgo la celebración de elecciones, estableció Ciro Murayama, presidente de la Comisión Temporal de Presupuesto 2021, que se instaladó el día de hoy.
“El mayor blindaje de una elección, es el compromiso democrático de los legisladores para entender que no es un recurso que el INE use para incrementar su patrimonio, sino es un recurso para que la ciudadanía ejerza su derecho y ese es el gran reto”, expresó el consejero.
Consideró que, si hay la convicción desde los órganos del Estado mexicano que tienen que aprobar el presupuesto, habrá las condiciones adecuadas para hacer la elección, aún en tiempo de recesión económica y de problemática en materia de salud.
La Comisión, dijo Murayama, conocerá la versión final del Anteproyecto de Presupuesto para el 24 de agosto, a fin de que, a más tardar el 28 de agosto, como lo marca la ley, se presente ante el pleno del Consejo General para su discusión y aprobación.
Al presentar el diagnóstico: “Hacia la construcción del proyecto de presupuesto del INE en 2021: la dimensión de la responsabilidad institucional”, el consejero Murayama dijo que se prevé que el próximo año se realizará la mayor renovación democrática de la historia del país, con una elección federal y 32 locales en las que estarán en disputa 21 mil 368 cargos.
Para la elección en la que se renovará completamente la Cámara de Diputados; 15 gubernaturas; 30 congresos locales; mil 900 ayuntamientos y juntas municipales; se prevé la participación de 94 millones 800 mil ciudadanas y ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral, para lo que será necesaria la instalación de 161 mil casillas y la contratación de más de 50 mil Supervisores y Capacitadores Electorales.
“Se requerirá un presupuesto para el tamaño de esa elección. Vamos a un esfuerzo mayor al que hayamos hecho en el pasado. Es una elección en la que debemos asegurar que el ejercicio democrático se desarrolle en los términos que establece la Constitución”, estableció Murayama.
A ello, será necesario agregar una consideración sobre los eventuales costos que surgirán debido a las nuevas prevenciones sanitarias que habrá que ofrecer a la población que acuda a las urnas y a quienes participen como funcionarios de casilla, a fin de garantizar condiciones para preservar la salud de la población.
