La República Mexicana a través de sus estados federados, ha reconocido el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo.
ha sido Tamaulipas, Guerrero y Tabasco los últimos en sumarse a la lista de los 32 estados que han modificado sus marcos normativos para dar paso a libertad de elección de la pareja y al matrimonio igualitario, garantizando que dos personas del mismo sexo puedan acceder al matrimonio.
Que importante que México, se sume a otros países de América Latina y el Caribe, así como en Europa y África, donde se reconoce el matrimonio igualitario, dando paso a la dignidad de las personas y desde luego hacer posibles los derechos sexuales y derechos reproductivos.
Durante este siglo XXI, diversos poderes (Poder Judicial, Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo) han tenido que intervenir para hacer posible esta realidad que fue impulsada por la sociedad civil organizada y los colectivos de diversidad sexual en México; recuerdo como en el 2014, la SCJN emitió una jurisprudencia en donde señaló como inconstitucional los marcos normativos que no reconocían el derecho de las personas del mismo sexo a casarse.
También recuerdo, como en el 2016, el entonces presidente Peña Nieto, envió a la Cámara de Diputados, la iniciativa de reforma del artículo 4to Constitucional, para incorporar el criterio de la Corte para reconocer el derecho humano de las personas de contraer matrimonio sin discriminación, estigma o violencia, pese a ello, no transitó.
El trabajo aun no termina, mucho por hacer, sobre todo en aquellos Estados donde legislativamente el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación logre hacer que se armonicen legislativamente el mandato de sus cortes o decretos de los gobernadores.
Pasaron los días en que solo por la vía del Amparo, las parejas podían formalizar su casamiento en cualquier lugar del país, y, con independencia de donde se celebre, se le reconoce en toda la República, aquí en Michoacán el primer casamiento igualitario fue a través de medidas cautelares.
Aun hay mucho que trabajar para avanzar en la agenda de la diversidad sexual: adopción homoparental, derecho registral, servir a las Fuerzas Armadas, las familia pluriparentales, entre otros, impulsar un modelo para determinar el grado de inclusión que ha tenido la agenda en las normas, estructuras operativas, así como en el diseño de políticas públicas y personal institucional.
