Los expertos internacionales designados para investigar la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, México, fueron un objetivo de espionaje por parte del gobierno mexicano, según informó este lunes un centro de estudios canadiense.
Citizen Lab denunció que el programa conocido como Pegasus, un software que fue vendido al gobierno mexicano para “combatir el terrorismo”, intentó conseguir información de dos celulares que pertenecían al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Esta es la más reciente revelación sobre este escándalo, que en las últimas semanas ha sido el centro de denuncias de organizaciones civiles en México que señalaron que el programa fue utilizado por el gobierno de ese país para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos.
El GIEI fue el organismo internacional designado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para realizar una investigación independiente sobre los 43 estudiantes normalistas que desaparecieron en septiembre de 2014.
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“Los intentos de infección documentados ocurrieron a principios de marzo de 2016, poco antes de la publicación del informe final del GIEI de su investigación”, señaló el documento.
Al GIEI pertenecían Alejandro Valencia, abogado colombiano dedicado a la defensa de los derechos humanos, Ángela María Buitrago, fiscal colombiana especializada en temas de derechos humanos, Claudia Paz y Paz, jueza y experta en derecho penal de Guatemala, Carlos Martín Beristain, médico español, y el abogado chileno Francisco Cox.
“Si el gobierno de México lo está utilizando, debe hacer una valoración forense para saber quiénes y cómo lo están utilizando (…) debe haber controles”, le dijo a la agencia de noticias Reuters la exfiscal Buitrago.
