- En los primeros cuatro meses del año se presentaron 239 casos de violencia familiar en el estado, el año pasado se dejaron de cumplir tres mil sentencias para el pago de alimentos. Las instituciones parecieran no estar haciendo su parte.
Morelia, Michoacán a 16 de junio de 2019.- El derecho a una vida libre de violencia, digna, a una sana alimentación y a una vivienda son letra muerta para muchos niños michoacanos, a quienes les son negados por sus propios padres. El año pasado se incumplieron tres mil sentencias de alimentos y se registraron 1,273 casos de violencia familiar en Michoacán.
En el marco de la celebración del Día del Padre, cabe recordar que tanto la violencia como el abandono siguen siendo una realidad tangible que lastima al sector más vulnerable de la sociedad, los niños. En la entidad existen instituciones que aseguran velar por los derechos de los menores. En la práctica, no son tan eficientes.
“¿Cómo puede ser que lleve ya año y medio esperando una sentencia por algo que es un derecho constitucional?”, cuestionó Aurora, a quien llamaremos así porque pidió que su testimonio fuera anónimo. Ella relató a Noticias en la Red que desde hace dos años y medio acudió a la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (SEIMUJER) en búsqueda de representación legal para interponer una demanda por alimentos, que a la fecha no ha podido concretarse en una sentencia.
Aurora relató que en un principio fue atendida por una abogada de nombre Amparo, quien al término de un año “no hizo nada” y que dejó de trabajar ahí, sin que nadie se lo hiciera saber, pero que cuando acudió a preguntar por su asunto, se le canalizó con otra abogada que dio inicio al trámite, un año después. Eso fue hace un año y medio, actualmente, en una nueva visita a la institución, supo que ahora su nueva abogada tampoco trabajaba ahí, por lo que su caso sigue en la incertidumbre.
“Me parece una falta de respeto que traten así a las mujeres nada más porque no tenemos dinero para contratar un abogado o no tenemos tiempo de estar tan al pendiente. Yo tengo tres trabajos. Se supone que para eso están”, lamentó la madre de familia, a quien también se le pidió que pagara los pasajes de la pasante de la abogada para que fuera a entregar documentos al juzgado.
Hay ley, pero no se cumple
De acuerdo con la página electrónica Semáforo delictivo, Michoacán no es un estado que sobresalga por el delito de violencia intrafamiliar. De hecho, ocupa el tercer lugar entre los que menos denuncias de este tipo tuvo en el primer trimestre del año; aunque varios de sus municipios representan un foco rojo, como son Zamora, Jacona, Tarímbaro, Tacámbaro, Sahuayo, Hidalgo y Puruándiro.
Por otro lado, el país se presentaron 60 mil 834 denuncias por violencia familiar en los primeros cuatro meses del año, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y se dieron 7 mil 210 casos de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. De éstos, 239 casos de violencia familiar y 39 de incumplimiento se dieron en nuestro estado.
A pesar de estar reconocido tanto en las legislaciones locales, como en la Constitución de nuestro país y en tratados internacionales, el derecho de los niños a recibir alimentos, vivienda, ropa y educación adecuados, se ve frecuentemente violentado por sus propios padres.
El diputado Érik Juárez Blanquet presentó el 29 de mayo pasado una iniciativa para crear un registro estatal de deudores alimentarios, expuso que los progenitores hacen caso omiso de las sentencias o suelen valerse de artimañas ilegales como declararse en insolvencia con tal de no garantizar la supervivencia de sus hijos.
Actualmente, el Código Penal de nuestro estado establece pena de cárcel de tres a seis años como sanción a los progenitores que no proporcionen alimentos a sus hijos, “son pocos los deudores alimentarios sujetos a procedimiento penal y menos los que están purgando una sanción privativa de la libertad por su actuar ilícito”, expuso en tribuna Juárez Blanquet.
Este documento detalla que el 80 por ciento de las pensiones decretadas por sentencia y el 50 por ciento de las decretadas por convenio se incumplen. En su momento, Juárez Blanquet informó en entrevista que tan sólo en 2018 se emitieron cinco mil sentencias de pago de alimentos y de éstas sólo se cumplieron dos mil, aunque el SESNSP reportó 120 y más de 21 mil a nivel nacional.
Los niños, un rehén
Además de la violencia física, psicológica, económica y sexual a la que son expuestos muchos niños en sus propios hogares, algunos también se vuelven rehenes de sus propios padres o madres, que evitan que el cónyuge conviva con ellos como venganza por una separación complicada. Otros, simplemente son abandonados por el miembro de la pareja que deja el hogar.
Este último caso es el de Aurora, que asegura que su expareja nunca volvió a contactar al niño ni siquiera en su cumpleaños o en Navidad, pero que al enterarse de que estaba siendo demandado por alimentos comenzó a pelear la custodia, alegando que la madre -con quien el niño ha vivido toda su vida-, no es apta para hacerse cargo.
“Me parece también indignante la manera en que trabaja el sistema judicial en el país. ¿Cómo es posible que yo que tengo tres trabajos para mantener a mi hijo haya tenido que ser sometida a exámenes psicológicos, al igual que el niño, para que alguien que jamás nos ha visto decida si merecemos vivir juntos”, manifestó?
Tras la visita de una trabajadora social y de un extenso estudio psicológico y todavía sin saber dónde vive el padre de su hijo, ya que de acuerdo con su representante legal es ella quien tiene que investigar dónde vive y en qué trabaja, a dos años y medio de haber buscado el respaldo institucional, Aurora mantiene a duras penas a su familia a costa del desgaste físico y emocional que implican las dobles o triples jornadas laborales que enfrenta.
