Legisladores michoacanos desconocen el término “exámenes a título de suficiencia” y consideran que se trata de un concepto nuevo de cobro a alumnos de primaria.
Morelia, Michoacán a 27 de diciembre de 2017.- Difieren los diputados locales en cuanto a si habría que avalar o no la creación de un nuevo capítulo dentro de la Ley de Ingresos del estado en donde se presentan todos los cobros por servicios educativos. Esto, de acuerdo a algunos de ellos, sería regularizar ciertos cobros que si bien ya se dan bajo la mesa, resultan inconstitucionales.
Por otro lado, la aparición de este capítulo responde al artículo transitorio séptimo de la Ley de Ingresos que se aprobó para este año, que solicita a la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) transparentar los servicios que ofrece y de este modo detectar el destino de estos recursos.
De acuerdo al proyecto de Ley de Ingresos 2018 elaborado por el Ejecutivo, se pretende recabar alrededor de 23 millones por concepto de estos servicios, entre los que se encuentra la emisión de cédulas, revalidación del título profesional, reposición de constancias y validación de firmas, entre otros. Servicios que, de acuerdo a un comunicado de la SEE, ya existían, pero no estaban contemplados en la Ley de Ingresos.
El concepto que ha presentado revuelo entre los diputados y algunos medios de comunicación es el de “exámenes a título de suficiencia”, que se aplicarían tanto a nivel primaria con un costo de 43 pesos, como media superior, por 24 y superior, por 79 pesos, así como un costo de 20 pesos por examen extraordinario.
Los cobros en el sistema básico, de acuerdo a Mario Armando Mendoza, Daniel Moncada Sánchez, Xóchitl Ruiz y Enrique Zepeda Ontiveros, no deberían existir, y por ello presentarán reservas al artículo correspondiente durante la discusión de la Ley de Ingresos.
Este tipo de examen, sin embargo, de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública (SEP), no se aplica a todos los alumnos, sino únicamente a quienes quieran acreditar que cuentan con el conocimiento y no poseen los certificados correspondientes. Es decir, permite obtener el certificado mediante la aplicación de un examen.
Por otro lado, sí se incorporan nuevos conceptos, como la emisión de constancias. De acuerdo a la presidenta de la comisión de Educación, Xóchitl Ruiz González, los cobros a educación superior ya existían. “En el asunto de media superior son temas que ya se vienen desde hace muchos años, prácticamente no le estamos moviendo. Los cobros tienen tarifas por parte de la SEE y sólo se autorizará el incremento pro el tres por ciento”, expuso.
Sin embargo, en el caso de la educación primaria, si bien algunas instituciones cobran una cuota, esto se hace como un acuerdo con los padres de familia, el cobro por los exámenes de suficiencia le parece “una tontería”, porque considera que se estaría cobrando a todos los alumnos.
“Todos sabemos que en muchas escuelas se piden algunas cuotas pero de ahí a legalizarlo está difícil”, fue la consideración del diputado por Morena, Enrique Zepeda Ontiveros.
Desde esta misma perspectiva lo ve Mario Armando Mendoza, quien señaló “quedó un artículo 26 totalmente ambiguo pero además abre la posibilidad así como viene de cobrar exámenes a nivel primaria y ahí no hay exámenes, a ese nivel las evaluaciones de aprobación o reprobación son por año, quien hizo esa redacción creo que no pasó ni por la primaria”.
Coincidió Daniel Moncada, quien observó: “una persona con dos o tres hijos te pega muchísimo” y expuso que también presentará una reserva, al considerar que: “mucho se ha hablado de que las cuotas en las escuelas son ilegales y estaríamos legalizando cuotas que además de inconstitucionales le pegan al bolsillo de los estudiantes sobretodo de educación básica”.
Zepeda Ontiveros también presentará reserva, argumentando que “todos sabemos la situación difícil que está viviendo el estado, en donde en muchos municipios a las familias apenas les alcanza para comprarles zapatos y que vayan vestidos a la escuela y ahora cobrarle estas cuotas, está difícil”.
- Los alcances de la gratuidad
La presidenta de la comisión de Puntos Constitucionales, Rosa María de la Torre, señaló que se trata de cobros que ya existen y que el incluirlos en la Ley de Ingresos es un intento de transparentarlos y que en todo caso, los legisladores deberían de abocarse a que se eliminen esos cobros, no tanto a que aparezcan o no en la Ley de Ingresos.
“En un transitorio en el presupuesto del año pasado viene la solicitud de que la Secretaría de Educación transparente todos los recursos que recibe como ingresos y que los ingrese a la Secretaría de Finanzas y eso es lo que está haciendo”, puntualizó.
La gratuidad, explicó, se refiere a los cobros por inscripción, pero lo que tiene que ver con servicios que representan gastos operativos, como impresión de archivos o de documentos, es legal que estos tengan un costo, sin embargo, otros servicios como colocación de un sello o una firma no deberían cobrarse. “Todo lo que no represente un costo no está justificado”, aclaró.
