Quedarán de lado temas como la aprobación del crédito para la renovación de las luminarias, puesto que existen plazos para culminar estos temas.
Morelia, Michoacán a 19 de diciembre de 2017.- La Ley de Egresos 2018, las leyes de ingresos municipales y los nombramientos de los nuevos titulares de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), el Instituto Michoacano de Acceso a la Información y Datos personales (IMAIP), así como el fiscal anticorrupción y los dos magistrados especializados para el tribunal administrativo serán los últimos temas que se verán en este año legislativo.
Todos estos asuntos, aclaró la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Adriana Hernández Íñiguez, cuentan con un plazo fatal para su aprobación, en el caso de los nombramientos, derivado de las mismas convocatorias que emitieron los legisladores.
El tema del fiscal anticorrupción, sin embargo, no se abordará hasta que se haya aprobado el presupuesto que se ejercerá durante el próximo año, de acuerdo al presidente de la comisión de Justicia, Ángel Cedillo Hernández, para evitar que se vea contaminado con el tema económico y que se pudieran presentar chantajes o presiones y de este modo garantizar que la designación no tenga tintes partidistas.
Esta misma semana se espera estar aprobando el presupuesto, de acuerdo a Hernández Íñiguez, ya que el alcance presupuestal que tendría que hacer llegar el Ejecutivo podía estar llegando esta noche o en la mañana del miércoles y en comisiones ya se ha estado trabajando a partir del documento inicial, del que se prevén pocos cambios.
El decreto que conformaría la terna de los aspirantes a fiscal anticorrupción, por otro lado, expuso Cedillo, no ha podido concretarse debido a la falta de disposición de los miembros de la fracción parlamentaria del PRI, que descarta a cuatro de los cinco aspirantes.
El argumento de los diputados del tricolor, expuso Adriana Hernández, se basa en que consideran que podría haber un conflicto de intereses en el caso de cuatro de estos aspirantes por haber tomado parte de la función pública.
Cedillo desestimó este argumento al recordar que en la convocatoria no sólo no se prohíbe esta posibilidad, sino que se establece como un requisito que los aspirantes cuenten con experiencia en materia de fiscalización.
