Ser funcionario público y utilizar este cargo para violentar sexualmente a una persona se considerará un agravante de este delito si se aprueba la iniciativa de Lucila Martínez.
Que un funcionario público se valga de su puesto para violar, hostigar o abusar sexualmente de una persona será considerando un agravante de este delito en caso de que se apruebe la iniciativa que presentó la diputada por el PVEM Lucila Martínez Manríquez.
La diputada explicó en entrevista que también está proponiendo que se incremente de 12 a 15 años la edad en que se considere violación una relación sexual mantenida con un menor y con ello acarree una sanción mayor, ya que a esa edad no se está en posibilidad de decidir ejercer sus derechos sexuales y las consecuencias psicológicas, físicas y emocionales son mayores que las que vive un adulto.
“Hay que tener especial cuidado y señalar que será a partir de los 15 años quienes puedan ejercer de manera responsable su sexualidad; aunque a esa edad todavía son muy pequeños, pero en virtud de que el código federal tiene contemplados 15 años, por el momento no podemos hacer mucho”, explicó Martínez Manríquez.
El estrés postraumático y la depresión que se pueden alcanzar después de una agresión sexual llevan a un bajo rendimiento escolar, pero en ocasiones llegan hasta el suicidio, subrayó la legisladora, mientras que en el pleno detalló que el 41.3 por ciento de las mujeres en el país ha sufrido algún tipo de violencia sexual y de ellas el 40 por ciento han sido menores de 15 años, mientras que el 70 por ciento de estas agresiones se han dado en el hogar y la impunidad es de 99 por ciento.
