Morelia, Michoacán a 14 de noviembre de 2017.- Un 80 por ciento menos de michoacanos han cruzado la frontera hacia Estados Unidos a partir de las políticas migratorias del presidente Donald Trump, que han encarecido el costo del cruce ilegal y lo han vuelto más peligroso, expuso Gonzalo Arroyo Ríos, quien forma parte de la Federación de Clubes Michoacanos en Illinois durante el Encuentro Internacional “La Agenda Migrante y su Innovación Ante los Nuevos Retos de la Sociedad Michoacana”.
Alrededor de 10 mil dólares, es decir, casi 190 mil pesos, cuesta actualmente cruzar la frontera de manera ilegal, lo que obliga a los migrantes a vender sus animales o endeudarse por mucho tiempo, además de que no les garantiza que el traslado vaya a ser exitoso, de acuerdo al líder migrante. “Ponen su futuro de años en juego para pagar ese monto, además de que es más difícil encontrar empleo para indocumentados, hay más herramientas para detectarlos”, relató.
Agregó que incluso sudamericanos provenientes de países como El Salvador, Honduras o Guatemala han optado por cambiar su meta de trabajar en Estados Unidos con hacerlo en México. “En los altos de Jalisco mucha de la gente que trabaja con los agaves son centroamericanos”, informó.
Esto se suma a que ha crecido la oferta de empleos en ciertas regiones del estado por el auge del cultivo de aguacate en Zacapu y Panindícuaro, así como las empacadoras de Jacona y Zamora, por lo que una buena parte de los campesinos han optado por estas opciones, que también conllevan la desventaja de pasar poco tiempo con sus hijos, puesto que son trasladados en la madrugada y retornan a sus comunidades durante la noche.
Arroyo Ríos consideró que hacen falta programas sociales para atender ésta y otras necesidades, como las de los jóvenes o niños repatriados que no saben hablar español o la vinculación que podría hacerse entre los jóvenes que saben inglés y los miembros de la comunidad que desean aprenderlo. Asimismo, señaló que deben brindarse opciones de inversión a los migrantes y darles a conocer los beneficios de invertir en sus comunidades de origen.
Sin embargo, manifestó que las necesidades reales de programas o políticas públicas específicas requieren ser detectadas a través de un diagnóstico de manera directa con la población, por lo que buscará un acercamiento con el Centro Nicolaita de Estudios Migratorios, puesto que propone que este estudio sea elaborado por estudiantes voluntarios. “Es difícil llegar a un lugar y decirle a la gente qué es lo que necesita, por eso estoy abogando a que se hagan diagnósticos comunitarios y que la misma gente diga qué es lo que necesita. Así la gente se siente parte del proceso y también detectar qué habilidades tienen y qué pueden aportar”, propuso Arroyo Ríos.
El líder migrante también tiene la atención de crear un centro comunitario y un rancho sustentable en el que puedan participar los miembros de su comunidad, San Miguel Epejan, en el municipio de Panindícuaro, y que reciba a los jóvenes estudiantes que pudieran ser deportados.
