Maribel Nieves Aguilar/Las noticias en la red
Morelia, Michoacán a 28 de agosto del 2017.- El dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval Flores calificó a la Auditoria Superior de Michoacán (ASM) como “una herramienta o instrumento político que se maneja desde el congreso local y ahí se negocia a quien auditar y a quien no”, lo que ha permitido una persecución política en contra de la ex secretaria de educación de Michoacán, Graciela Andrade García.
Esto al ser cuestionado sobre los señalamientos en contra de la ex funcionaria estatal, Graciela Andrade García quien fue inhabilitada por el organismo fiscalizador por etiquetar recursos por el orden de 80 millones de pesos a los Centros de Desarrollo Infantil y Preparatorias Técnicas Populares que maneja el Partido del Trabajo, durante la administración del ex mandatario estatal, Leonel Godoy Rangel, quien ahora y sin renunciar a su militancia perredista ha levantado la mano a favor del líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador.
Sandoval Flores desmintió que existan desvíos de recursos, al culpar de las irregularidades a los constantes cambio de administración estatal, periodos en los que, a su decir, la Secretaría de Educación del Estado (SEE) “perdió toda la documentación”.
Al precisar que pese a que se encuentra en proceso de investigación Graciela Andrade se encuentra entre los primeros lugares de las listas de Morena para ser senadora abanderada por Morena, “Chela no está inhabilitada, se encuentra en proceso de investigación y yo tengo la confianza de que todo saldrá muy bien”.
“No hay recurso desviados o que alguien se haya robado un peso, se presentó toda la documentación; allí hay dificultad de organización y orden de parte de la Secretaría de Educación, pues todo esto sucedió en el periodo de Chela, luego entra el gobierno de Fausto, Silvano y en esa ruta han perdido como tres o cuatro veces la documentación”.
En noviembre del 2016 la ASM condenó a resarcir 80 millones de pesos a las ex se secretarias de Educación Graciela Andrade García y Aída Sagrero Hernández, además de que las inhabilitó para ocupar puestos en la administración pública.
