- A pesar de que desde hace cerca de 10 años la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional este impuesto, sigue cobrándose en Michoacán y en otras entidades.
Cobros demasiado altos en el servicio de agua potable, negativa a otorgar ciertas licencias y el cobro indebido de determinados impuestos como el Derecho al Alumbrado Público (DAP) son las principales causas por las que los michoacanos acuden al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), que en lo que va del año ya acumula más de mil demandas.
Así lo dio a conocer el magistrado presidente de este organismo, Sergio Mecino Morelos en entrevista. “Principalmente ya se ha pronunciado la Suprema Corte que es inconstitucional, sin embargo sera hasta que haya una reforma de fondo y dejen de cobrar ese impuesto cuando la ciudadanía dejará de quejarse del cobro indebido”, expuso.
De acuerdo con el magistrado, el 60 por ciento de los asuntos de estas características es resuelto a favor del ciudadano, pero los efectos de cada sentencia sólo benefician de manera particular al ciudadano que haya interpuesto la demanda.
Para Mecino no se trata de un asunto de corrupción sino una omisión de carácter administrativo y consideró que en el congreso del estado se debería de analizar el asunto antes de la aprobación de la ley de Ingresos que tendrá efectos el próximo año.
