Morelia, Michoacán a 10 de noviembre de 2017.- La defensa del ex alcalde de Álvaro Obregón, Juan Carlos Arreygue, presentará una denuncia en contra de Martín Martínez Correa como director de Seguridad Pública de Álvaro Obregón y Marco Antonio Flores Jiménez, quien era comandante de la policía ministerial de Zinapécuaro, que son los testigos en el juicio por homicidio en contra del ex edil por haber sido omisos en el cumplimiento de su trabajo, lo que los convierte en cómplices de homicidio.
El delito de omisión impropia o comisión por omisión está contemplado en el Código Penal del estado y hace meritorio quien lo comete de la misma sanción que se aplicaría por el delito cometido. Es decir, en este caso, homicidio. Estipula que si es su obligación y no tiene ningún impedimento, el sujeto está obligado a evitar que se cometa el ilícito. De acuerdo a los testimonios presentados como prueba anticipada, Flores Jiménez declaró haber sido testigo de que Arreygue entregó un arma a otra persona que sería quien ejecutaría a las 10 víctimas de este supuesto atentado.
Tomando en cuenta estos hechos, explicó el abogado de Arreygue, Ignacio Mendoza, este elemento de seguridad faltó a la Constitución, puesto que su trabajo implica evitar que se cometan crímenes y no estaba impedido para ello, ya que se encontraba armado y no estaba maniatado ni había nada que le impidiera comunicarse o moverse. Esto además, sería un motivo suficiente para que la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) integrara una carpeta de investigación por la omisión impropia, además que da pie a que se pudiera seguir una línea de investigación en torno al asesinato de estas diez víctimas.
Según lo que el mismo ex comandante relata, no sólo no intervino para detener la matanza, sino que no comunicó estos hechos a nadie y se fue a su casa en Morelia, después narra cómo salió a almorzar y siguió su rutina cotidiana y fue hasta 48 horas después de los hechos de que supuestamente fue testigo que acudió a rendir su declaración, pero no a manera de denuncia sino como imputado.
Luego de que él y Martín Martínez rindieran sus declaraciones, se determinó que no había suficientes pruebas para implicarlos, por lo que se les dejó libres, lo cual para la defensa de Arreygue constituye una clara intencionalidad para no implicar a estas dos personas en los hechos.
Los abogados del ex alcalde y otros cuatro policías municipales que fueron detenidos con él, ya cumplen un año en prisión mientras se desarrolla el proceso, perciben varias omisiones en la integración de las carpetas de investigación, ya que estos dos testigos son las únicas personas que se ha logrado ubicar en el lugar de los hechos cuando éstos sucedieron, por lo que se debió de abrir también una línea de investigación, o varias más, en torno a su posible complicidad o participación; sin embargo, además de que uno de ellos se encuentra en calidad de desaparecido, son los únicos implicados, junto con Arreygue, a los que no se les aplicó la prueba de radizonato de sodio. Al resto de los imputados, policías municipales, se les aplicó esta prueba y dio resultados negativos.
Esto quiere decir que no dispararon un arma de fuego. Además de que en la acusación de la Fiscalía no se establece claramente el grado de participación del que se les está acusando y se hace mención de “otros policías”, sin que se detalle tampoco su implicación ni se les identifique.
Por otro lado, Mendoza señaló que el no agotar las líneas de investigación también constituye un delito. “Los funcionarios de la procuraduría encargados de la investigación de este caso están sujetos a responsabilidades tanto administrativas como penales por las ineficiencias dolosas de no investigar este caso como debería de ser”, explicó.
“El código nacional de procedimientos penales es muy claro, están obligados a agotar todas y cada una de las líneas de investigación y desde el primer momento se ve que hay elementos que pudieron hacer probable la participación de estas dos personas en los hechos, sin embargo no las investigaron, al contrario, forzaron un archivo temporal y alegaron ante un juez de control, y ese juez les dio la razón, de que como no había elementos para investigarlos, entonces dejaban de ser imputados y ya se podían ir”, argumentó el abogado y lamentó que una de las consecuencias de este actuar será que este crimen quede en la impunidad.
