El recorte no respeta antigüedad, servicio profesional de carrera ni a personas con discapacidad.
Morelia, Michoacán a 21 de diciembre de 2018.- “Nos están separando contra la ley. Nos están tratando como si fuéramos el enemigo, sólo por haber trabajado en administraciones pasadas”, lamenta Patricia, personal del Servicio Profesional de Carrera y a quien con 25 años de antigüedad en la Secretaría de Gobernación federal le pidieron firmar su renuncia y sin darle los tres meses de indemnización que le correspondían.
Son áreas completas de la administración pública federal en las que el gobierno está exigiendo renuncias del personal de confianza sin excepción, incluidos niveles operativos (los más bajos) y servidores hasta con 33 años de antigüedad.
En un audio en poder de Excélsior, Alejandro Álvarez, coordinador de Comunicación Social del gobierno federal, solicitó la renuncia a 12 empleados, el pasado 13 de diciembre, con el argumento de que tenía instrucciones de eliminar la nómina actual antes de enero y dar esos lugares al equipo de confianza del Presidente.
Por más que muchos de los directivos salientes abogaron ante la nueva administración para que retuvieran a trabajadores que representaban casos especiales, no tuvieron éxito. María, quien laboraba en Los Pinos desde el sexenio de Miguel de la Madrid y estaba a tan sólo cuatro meses de jubilarse, tuvo que firmar su renuncia.
“Se expusieron nuestros casos, pero al final salimos sólo con nuestra quincena. Están destruyendo a familias enteras”, reprochó María en entrevista con Excélsior.
A personal con discapacidad también se le pidió la renuncia.
Excélsior entrevistó a una veintena de servidores públicos de diversas dependencias, a quienes se les exigió la renuncia, de las secretarías de Gobernación y de Economía; Comisión Nacional del Agua (Conagua); del Servicio de Administración Tributaria (SAT); Instituto Nacional del Emprendedor y de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade).
Las peticiones colectivas de renuncias comenzaron en noviembre, como sucedió con Rose Mary Espinosa, de Conagua, quien recibió la noticia de su jefe inmediato. Sin embargo, en la mayoría de los casos documentados se exigieron entre el 3 y 11 de diciembre, para hacerlas efectivas el día 15.
Argumentos
De acuerdo con los empleados consultados, fue el gobierno federal el que exigió a directores, subdirectores y jefes de área salientes que entregaran las renuncias de sus equipos a más tardar el 30 de noviembre.
Los argumentos que escucharon fueron los mismos: recorte del personal de confianza; desaparición de las áreas en las que laboraban; reducción del presupuesto; instrucciones para dejar la nómina en cero y cederla al nuevo personal. No fue negociable, se les liberaría un oficio por pérdida de confianza o se les negaría el documento de baja, indispensable para cobrar su seguro de separación.
Los servidores despedidos coincidieron en que las renuncias se llevaron a cabo de forma masiva, entre grupos de 10 y 40 personas. También que les entregaron ya las cartas redactadas con los espacios en blanco para colocar su nombre, fecha, firma y huella digital.
“Nosotros les pedimos que se den la oportunidad de luchar por sus derechos y que no renuncien, porque perderían su indemnización como lo marca la ley”
Rodolfo Martínez, socio del despacho Trusan & Roma, ha asesorado a empleados del Servicio Profesional de Carrera de diversas instancias a quienes, como a Patricia, se les exigió su renuncia sin una indemnización de por medio.
“Nosotros les pedimos que se den la oportunidad de luchar por sus derechos y que no renuncien, porque perderían su indemnización como lo marca la ley”, comentó.
Si se convirtiera en una realidad la reducción de 70% de las plazas de los 318 mil empleados de confianza de la Administración Pública Federal, como lo han venido diciendo los funcionarios del nuevo gobierno durante los despidos colectivos podrían superar 220 mil.
Cada vez son más funcionarios quienes levantan la voz sobre estos despidos que consideran injustificados. El personal de la Coordinación General de Delegaciones Federales de la Secretaría de Economía llevó una carta al Presidente en su conferencia matutina de Palacio Nacional; el representante de la Comisión Reguladora de Energía, Luis Guillermo Pineda, lo denunció a través de su cuenta de Twitter, y el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la CDMX envió un comunicado a los medios alertando que se estaban solicitando las renuncias de los empleados.
Con información de Sipse
