Los recursos para el combate a la corrupción.
Cualquier política pública sin dinero, es solamente un discurso. Por ello, ponerle pesos y centavos a las acciones que se realizan para el combate a la corrupción es necesario si se quiere prevenir y controlar este fenómeno.
De eso se trata el Anexo Transversal Anticorrupción (ATA). El ATA NO ES el presupuesto que se destina al Sistema Anticorrupción ni a cada una de las instituciones que lo conforman aunque la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público parece no tenerlo muy claro tampoco.
Es aquel recurso que, desde el Presupuesto de Egresos, se etiqueta para que cada una de las dependencias de todo el gobierno (los tres poderes) realicen acciones de prevención, control y combate a la corrupción desde su interior; acciones sujetas al cauce de la Política Anticorrupción aprobada y con recursos que se pueden fiscalizar; es decir, revisar si efectivamente se gastaron en lo que se tenían previsto.
Por ejemplo, la Secretaría de Educación podrá utilizar los recursos etiquetados en el ATA para campañas internas de integridad, la colocación de buzones de quejas y denuncias, o la mejora de sus procesos de compras y adquisiciones. Algo similar al Anexo Transversal con Perspectiva de Género.
Debido a que el ATA forma parte fundamental del combate a la corrupción, en el año 2018 se propuso, por primera vez, en el Presupuesto Federal con un monto total de 10 mil 400 millones de pesos y no se volvió a instrumentar hasta el año 2021 con un monto de 6 mil 560 millones de pesos. Sin embargo, la mayor parte de los recursos etiquetados en ambos ejercicios correspondían a instituciones que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Ahí la incomprensión de lo que es y para qué existe.
En el ejercicio fiscal de 2022 no se instrumentó el ATA, pero en la propuesta de Presupuesto de Egresos para 2023 presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se contempla un Anexo Transversal Anticorrupción de 70 mil 834 millones de pesos.
Aunque el ATA propuesto para 2023 es mucho más robusto, cuatro de cada 10 pesos etiquetados los ejercerá la Auditoria Superior de la Federación, una de las instituciones que integran el Sistema Nacional Anticorrupción. Es decir, el Anexo Transversal Anticorrupción se sigue concentrando en las instituciones que, per ce, previenen y controlan la corrupción.
Idem: no se comprende del todo que las acciones del combate a la corrupción corresponden a todas y cada una de las dependencias de la Administración Pública, no solo al Sistema Anticorrupción.
Lo interesante del ATA propuesto para 2023 es que, por primera vez, se suman instituciones que ejercen programas de corte social como la Secretaría de Educación, la Secretaría de Bienestar y el Instituto Nacional de las Mujeres. Eso indica una mejor comprensión del Anexo Transversal Anticorrupción y su función.
Finalmente, es necesario que, además de la Federación, los Estados comiencen a programar recursos para acciones concretas de prevención y control de la corrupción dentro de las dependencias como parte de la función que desempeña cada una ya que, actualmente, solo Jalisco, Sinaloa y Quintana Roo han creado Anexos Transversales Anticorrupción en sus Presupuestos de Egresos.
En el caso de Michoacán, el pasado 16 de septiembre fue publicada en el Periódico Oficial la Política Estatal Anticorrupción recién aprobada por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y, para poder implementarla, se requiere la conformación del Anexo Transversal Anticorrupción en el Presupuesto de Egresos del Estado para 2023.
