Lanzará tres plataformas este año la Secretaría Ejecutiva del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción
A mediados de este año Michoacán podría contar con bases de datos en donde se puedan conocer los nombres de los funcionarios públicos que hayan estado vinculados con temas de corrupción, así como de todos los involucrados en la contratación de obra pública, aunque eso dependerá de que los tres poderes y los municipios aporten la información que les corresponda y no están obligados a hacerlo.
La Secretaría Ejecutiva del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) pretende echar a andar este año tres plataformas en donde se pueda consultar, por un lado, quiénes son los funcionarios sancionados ya sea por vía penal o administrativa por hechos vinculados con corrupción, quienes son los involucrados en la contratación de obra pública y finalmente, cómo ha evolucionado el patrimonio de los funcionarios y servidores públicos, explicó la presidenta del CPC, Elvia Higuera Pérez.
No obstante, ni los tres poderes o los ayuntamientos están obligados a proporcionar esta información, por lo que Higuera apeló a su sensibilidad y compromiso ante los derechos de transparencia y el acceso a la información de los ciudadanos.
“Hay una laguna que encontramos en la ley es que no se establece una sanción para el municipio o el poder del estado que no suba la información”, reconoció.
De acuerdo con la presidenta del CPC, se espera poder tener en funcionamiento estas tres plataformas para junio de este año. Para entonces, detalló, se podrá saber cuáles son los entes que no proporcionaron los datos correspondientes, aunque también esta falta podría atrasar el proceso en general.
La importancia de contar con esta información radica en que se trata de una homologación con el sistema nacional y estas plataformas estarán ligadas con una red a nivel nacional, aunque en este caso se solicita que existan seis, pero de entrada se echarán a andar estas tres.
Higuera Pérez aseguró que se ha detectado que algunas convocatorias de licitaciones de obra pública se hacen “a modo” para contratar determinada empresa.
“Pareciera que sí cumplen con los requisitos pero cuando está el momento de la adjudicación es cuando el gobierno o el municipio justifican por qué ninguno de los que contendieron cumplieron con los requisitos y entonces adjudican a una tercera empresa y es cuando vemos que se pervierte el proceso”, abundó.
