- Invitan a conductores a interponer amparos.
Morelia, Michoacán a 22 de febrero de 2019.- La cacería contra choferes de Uber que desató el gobierno estatal, es ilegal, violatoria de derechos humanos y de disposiciones federales, advirtió el representante legal de los choferes, José Antonio Macuzet Guerrero, tras exhibir que se han ganado por lo menos dos amparos que permiten la operación de este tipo de servicio.
En entrevista, señaló que los principales argumentos en favor de Uber, radican en que no se puede imponer una sanción sobre la modalidad de plataformas digitales, como el caso de Uber, además de que la modalidad del servicio es un servicio privado y no público, como el transporte concesionado.
“Uno público recoge gente de la calle, a gente que los identifique con colores específicos y placas, pero este es un servicio entre particulares, si yo y un amigo nos ponemos de acuerdo para ir al trabajo, es algo similar, de ahí que es inadecuado querer utilizar la ley estatal para servicio de transporte de Uber”, indicó.
Añadió que tras el primer amparo, un juez federal determinó que la detención del vehículo y la imposición de la multa fueron ilegales, por lo que se ordenó la reposición de la misma y el pago que se hizo para recuperar el vehículo del corralón.
Por ello, hizo una invitación a otros conductores de plataformas digitales a considerar la opción de interponer amparos que les permitan trabajar bajo esta modalidad.
“Son varios amparos los que han procedido, la ley estatal no se puede aplicar porque cuando la hacen no existían las plataformas, debemos entender que Uber es un servicio privado no público”, afirmó
Finalmente, refirió la grabación de la detención de un vehículo Uber en la que participa la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), donde se aprecia a un oficial impidiendo a un ciudadano grabar en video el suceso.
“Invito a que en este aspecto sean muy enérgicos, como particulares podemos grabar los actos de autoridad, no así la autoridad con el particular. Ahí entra lo que es la ley de transparencia, tanto la de carácter federal como estatal, donde dice que un servidor público tiene que darte su nombre su cargo y su curriculum, es parte de lo que se llama información pública de oficio que debe estar al alcance de cualquier particular”, concluyó.
