Morelia, Michoacán a 10 de noviembre de 2017.- A más de un año que fueron aprehendidos y recluidos el ex alcalde de Álvaro Obregón, Juan Carlos Arreygue y cuatro policías municipales, Víctor Manuel Pastor Zamudio, Sacramento Nava Alvarado, Humberto Sosa Ávalos y Víctor Hugo González Espinosa, apenas la próxima semana darán inicio las audiencias para el desahogo de 150 pruebas. A pesar de que la defensa de los imputados buscó que se desestimaran varias de ellas, esto no procedió, por lo que será el juez el que determine la validez o no de las mismas o decida el peso que se dará a cada una.
Esto principalmente en lo que se refiere al cateo en donde se encontró un cargador de arma calibre 10 milímetros en la casa de Arreygue. Sin embargo, este cateo, así como el que se realizó a su vehículo, fueron realizados en condiciones irregulares, puesto que contaron con la presencia de funcionarios públicos que no estaban acreditados para estar ahí, lo que constituye una violación al derecho de privacidad.
Por otro lado, se aceptó el testimonio anticipado de dos autoridades policiales, un ex subsecretario de seguridad y un ex comandante, que alegaron que consideraban que su integridad corría peligro y uno de ellos se encuentra en calidad de desaparecido. “No sabemos si lo tienen escondido, si se fugó, la propia Procuraduría lo ha buscado y no lo ha encontrado.
La otra es que se anticipó una prueba en donde esta persona nos relata una historia inverosímil donde lo único que se refleja es la comisión del delito de comisión por omisión. Era en ese momento comandante de la policía ministerial y debió de haber impedido lo que pasó, sin embargo la procuraduría omite esa parte, no a investiga y le permite mediante la prueba anticipada que se vaya, porque uno de los argumentos para presentar la prueba anticipada es que estaba amenazado”, explicó en entrevista el abogado de la defensa, Ignacio Mendoza.
Cabe señalar que de no presentarse los testigos a declarar sus testimonios quedarán sin validez y que éstos en un principio fueron imputados al confirmarse su presencia en el lugar de los hechos sin que se les realizaran pruebas para determinar si accionaron o no armas de fuego, lo que para la defensa constituye un encubrimiento por parte de la Procuraduría. Mendoza destacó también que los peritajes no lograron determinar la causa de muerte de siete de las 10 víctimas, puesto que sus cuerpos se hallaban calcinados “por lo que no hay un nexo causal entre lo que provoca la muerte y la probable responsabilidad de alguien”, explicó el litigante.
A esto se suma falta de claridad en la acusación que presenta la Fiscalía: “dice que los cinco detenidos son autores materiales, todos dispararon, pero no dice cómo ni quién hizo qué y además involucra a otros elementos de la policía diciendo que también participaron, sin embargo no están identificados ni determina quién hizo qué”. Por todo ello, los abogados defensores, así como el mismo Juan Carlos Arreygue, consideran que una vez que el juez conozca todas las pruebas resuelva que no hay suficiencia probatoria y sí “una duda muy razonable de que las cosas no sucedieron como la procuraduría asegura que sucedieron”, para Ignacio Martínez.
Alrededor de 15 días duraría esta etapa del proceso, de acuerdo al abogado, si las sesiones fueran diarias, lo cual no permite la carga de trabajo que existe en los tribunales y habría también que considerar si se presentan o no los testigos; sin embargo, la ley establece que no pueden pasar más de diez días entre una sesión y otra por lo que se podría calcular que no excederá los cuatro meses.
