“Incumplimiento de convenios con la federación han generado un grave daño a las finanzas”
Morelia, Michoacán a 26 de noviembre de 2018.- En un hecho sin precedentes, el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, determinó cancelar los convenios con la federación que sustentan la prestación de servicios educativos así como el pago de nómina, al reconocer que el estado es incapaz de seguir financiando el déficit derivado de dichos convenios.
El anuncio lo realizó el mandatario hace unos momentos en la ciudad de México, donde explicó que se interpelaron extrajudicialmente, ante las Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Educación Pública (SEP), los convenios derivados del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica signado en 1992, así como del Convenio de Coordinación para la Conclusión del Proceso de Conciliación de las Plazas Transferidas suscrito en el año 2014, del cual derivó la operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).
Por ello, solicitó que se designen representantes de ambas secretarías para establecer el método y mecanismos para que en el término de 30 días, se realice el proceso de entrega-recepción formal de los servicios de educación básica y normal que operan en el estado de Michoacán, tanto federales transferidos como los de financiamiento estatal, a la Secretaría de Educación Pública (SEE).
La terminación de los convenios incluye el reintegro al Gobierno federal de los servicios de educación básica federales, así como los de fuente de financiamiento estatal.
Justificó que la determinación se debió a “que las diversas modificaciones al acuerdo original, tanto en la distribución de recursos como en la operación de los mismos, impuestas de manera unilateral por las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Educación Pública, han generado un grave perjuicio a las finanzas públicas estatales, que le hace imposible continuar con los servicios a su cargo”.
No obstante, insistió en que ello no implica una renunciando a la responsabilidad social del Estado con la educación, “pues la política educativa es única y exclusivamente responsabilidad federal, y los estados y los municipios somos concurrentes”, concluyó.
