Además de los Tribunales Electorales, el Centro Nacional de Inteligencia investiga dos casos en Michoacán de candidatos ganadores, por estar vinculados con el crimen organizado.
Armando Tejeda Cid, investigado inicialmente como aspirante a la gubernatura de Michoacán y quien finalmente solicitó licencia para participar como secretario de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del PAN en giras por todo el país; y Francisco Huacus Esquivel candidato reelecto a diputado local por Morena-PT en Apatzingán, son investigados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por presunta vinculación con cárteles de la droga.
El diario nacional Milenio informó que la investigación contra Tejeda Cid, es por sus supuestos nexos con el cártel de La Nueva Familia Michoacana, mientras en el caso de Huacus Esquivel, se le relaciona al grupo delincuencial de Los Viagras.
El CNI, investiga los antecedentes de los candidatos que participaron en el proceso electoral de este año, encontrando, además de estos dos michoacanos a otros ganadores, dos de ellos electos para el cargo de gobernador en México, cuyos antecedentes los ligan a estas actividades ilícitas.
Se trata de la gubernatura de Sinaloa, ganada por Rubén Rocha Moya y la de San Luis Potosí, cuyo candidato electo es Ricardo Gallardo, así como tres diputados federales reelectos, además del michoacano Huacus: Emmanuel Reyes Carmona y Miguel Pavel Jarero Velázquez, todos de la coalición Morena-PT-PVEM.
Además del Centro Nacional de Investigaciones, están en curso las indagatorias de la Unidad de Inteligencia Financiera para descubrir irregularidades en la adquisición de bienes, negocios y cuentas bancarias de estos candidatos.
Los datos confidenciales aportados a Milenio hablan de la relación del gobernador electo de Sinaloa, Rubén Rocha Moya de Morena, con el cártel del Pacífico (cártel de Sinaloa) de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán e Ismael ‘El Mayo’ Zambada, relación que ha sido impugnada por sus oponentes políticos del PRD y gracias al CNI se ha documentado dicho nexo, responsabilizando al crimen organizado del levantón de hasta mil representantes de casilla y supervisores de los partidos de la alianza Va por México, entre el viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de junio, para ser liberados por la noche del mismo día de la elección.
En el caso Sinaloa, el candidato del PRI-PAN-PRD a la gubernatura dijo que
“Es evidente la influencia que el narcotráfico jugó en el proceso, ya que ninguna encuesta daba una diferencia tan amplia como la que resultó en la elección, lo que queda claro es que operó el crimen organizado para favorecer a los candidatos de Morena”, aseguró.
El gobernador electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, propuesto por el Partido Verde Ecologista de México, a quien se vincula con Los Zetas y el cártel del Noroeste, Milenio reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera lo investiga junto con su familia, por orquestar una presunta red de defraudación fiscal y corrupción, al adquirir propiedades millonarias mientras reportan ingresos mucho menores a los que pagaron de contado por esas posesiones. Esto es, lavado de dinero.
Por nexos con el crimen organizado, en el 2015 se detuvo a Gallardo, entonces alcalde de Soledad de Graciano, en San Luis Potosí, sin embargo, no se encontraron suficientes pruebas en su contra y fue liberado, aunque la FGR mantiene abierta la carpeta de investigación.
Alfredo Lozoya Santillán, ex presidente municipal de Parral —zona de influencia del cártel de Sinaloa— y aspirante de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Chihuahua, es otro de los candidatos electos propuestos por Morena indagados por el CNI.
Milenio aclara, que la mayor parte de los candidatos que compitieron en el presente proceso electoral, no tienen nexo alguno con el crimen organizado, pero se detectaron otros cárteles en diferentes regiones de México relacionados con candidaturas a presidentes municipales, diputados locales y federales como el cártel Santa Rosa de Lima, de José Antonio Yépez Ortiz ‘El Marro’.
Hasta el día de hoy, ninguno de estos casos ha sido denunciado por el Centro Nacional de Investigaciones ante la Fiscalía General de la República, sólo han sido impugnados por la vía electoral, concluye Milenio.
