Federalización de la nómina no afectará el alcance: Hernández Vázquez

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La nómina educativa representaba un déficit que si se federaliza va a desaparecer, pero al ser un recurso con el que no se cuenta, no se verá reflejado en el alcance que hará llegar el Gobierno del Estado al Congreso


El alcance que se espera que presentará al Congreso la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) el próximo 26 de diciembre no se verá afectado si se concreta la federalización de la nómina, ya que existe un déficit en la nómina de educación básica y media superior por alrededor de 7 mil millones de pesos, confirmaron los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y Hacienda y Deuda Pública, Norberto Antonio Martínez Soto y Arturo Hernández Vázquez, respectivamente.


“Nada más no va a haber ese déficit”, sintentizó Hernández Vázquez. Explicó que se trata de un recurso que año con año se quedaba a deber a los docentes desde la administración de Lázaro Cárdenas Batel, que es cuando la federación determinó dejar esta responsabilidad a los estados.


Hernández Vázquez observó que la federalización no aparece etiquetada dentro del presupuesto federal, por lo que cabría esperar que el pago lo asumirá directamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aunque falta saber cuál es el monto que absorberá. “Lo que sí es verdad es que no viene al cien por ciento y no viene también dinero extra. Va a resolver una deficiencia financiera que hay”, puntualizó.


“El compromiso del Secretario de Finanzas, verbal y no en documentos es, independientemente de que se dé o no el convenio y los anexos, el 26 presenta el alcance”, informó Martínez Soto, ya que hasta ahora la federación todavía no publica el desglose del presupuesto aprobado. Con la federalización, confirmó el diputado perredista, se dejaría de tener déficit en la nómina pero únicamente en la de educación básica.


En cuanto al alcance, Hernández Vázquez reiteró que no espera grandes cambios en cuanto a los montos que se habían considerado, si acaso una reducción por 71 mil pesos, puesto que hay un recurso extraordinario que el estado recibía por ser uno de los 10 más pobres del país, categoría que ya superó por haberse generado crecimiento económico gracias a las industrias agroalimentarias y a la iniciativa privada.