- Las actividades emprendidas por la organización Revolución Social podrían estar contraviniendo la ley, advirtió el fiscal general del estado, Adrián López Solís.
Usurpación de funciones, obstrucción de justicia, “puede ser eso y más” en lo que está incurriendo la organización ciudadana Revolución Social, que es encabezada por el priista Guillermo Valencia, consideró el fiscal general del estado, Adrián López Solís, quien no descartó la posibilidad de iniciar una carpeta de investigación en contra del autodenominado “luchador social”.
En días pasados Valencia ha emitido cuestionamientos y señalamientos hacia el actuar del fiscal; sin embargo, López Solís evitó responder a los mimos y declaró que por su carácter de servidor público no buscará defenderse en redes sociales. “No comparto que se me juzgue sobre la base de datos inexactos que generan confusión pero yo apelo a mi condición y estoy totalmente abierto a que se me revise, que yo revisaré la actuación de los ciudadanos que andan infringiendo la ley”, advirtió.
“Yo no quisiera polemizar en relación a la conducta de un ciudadano. Yo a los ciudadanos los atiendo cuando acuden a la institución de la cual soy responsable, ya sea como víctimas o como presuntos partícipes en hechos con apariencia de delitos”, prosiguió el fiscal.
Dijo no estar en disposición de contribuir a este debate y con ello presentar una postura, pero admitió que Valencia, quien aspiraba a ocupar precisamente el cargo de fiscal general, “evidentemente no hace siempre las cosas como legalmente se debiera”.
López Solís dijo compartir el interés de los ciudadanos que conforman esta agrupación por buscar que quienes cometan un delito paguen por ello, pero invitó a no asumir funciones que no corresponden a autoridades y a respetar los principios de presunción de inocencia y de debido proceso, porque no hacerlo de esta forma, puede llevar a que un juez desestime un caso.
“Nosotros en algún momento dado podemos hacer el esfuerzo de atender el reclamo de la víctima para que se le haga justicia y cuadrar las formas de detención para realizar las imputaciones pero en el momento en que los jueces advierten violación a estos derechos, determinan que la detención es ilegal o que las pruebas aportadas están viciadas o corrompidas. Por lo tanto, de nada nos sirve atender reclamos que se potencian por la vía de la reacción social y aún en la necesidad de la propia víctima porque si no lo hacemos bien al final el resultado no va a ser bueno”, advirtió Adrián López.
Recordó que lo que corresponde a los ciudadanos es llamar a las instituciones encargadas de impartir justicia en caso de tener conocimiento de la comisión de un delito y que incluso los elementos de seguridad están obligados a respetar los derechos de todos.
“No tenemos facultades ilimitadas, estamos acotados por el derecho en aras de respetar el derecho de los demás. Si alguien pretende que nosotros admitamos formas de detención que violen los derechos de las personas, que se contrapongan a las determinaciones que como obligación tenemos nosotros y los jueces de observar, no lo podemos hacer”, argumentó el fiscal y agregó que tampoco se hace porque resulta inadmisible.
