El diario neoyorquino sostiene que la investigación de la PGR es ineficiente, y encubre a funcionarios federales.
Morelia, Michoacán a 20 de Febrero de 2018.- De acuerdo con información de codigoespagueti.com a mediados del año pasado, The New York Times reveló que varios activistas y periodistas mexicanos fueron objeto de ataques cibernéticos por parte del gobierno mexicano, a través de un software malicioso conocido como Pegasus. La investigación del periódico norteamericano llevó al presidente Peña Nieto a reconocer que su gobierno había adquirido esa tecnología. El hecho incluso llamó la atención de Edward Snowden, que aprovechó la revelación para afirmar: “Jamás confíen en el poder, es la primera regla de cualquier ciudadano del mundo”.
Pegasus es capaz de obtener acceso a la información almacenada en dispositivos iOS y Android, así como de tomar control de algunas de sus funciones para monitorear la actividad del usuario y reportar a un servidor de control remoto. Y sólo hace falta un mensaje de texto para ser infectado.
Ahora, 6 meses después de la revelación, el diario norteamericano realizó un segundo reportaje, informando que, a pesar de que el gobierno de Peña Nieto indicó que tomarían cartas en el asunto, la investigación oficial de la PGR no ha avanzado nada y todo indica que le dieron carpetazo al asunto.
Oficialmente, la PGR infirmó que la investigación sigue en “fase de agotar todas las líneas de investigación”, pero no tienen identificado a ningún funcionario a cargo de Pegasus.
“El gobierno mexicano lleva meses a la defensiva tras las revelaciones de que la tecnología de vigilancia que adquirió fue utilizada para espiar a algunos de los activistas, periodistas y académicos más prominentes del país”, indica The New York Times.
Además, se reveló que la PGR intentó contactar al FBI para “darle credibilidad a la investigación”, pero se negaro, por considerar que el gobierno de Peña Nieto realmente no quiere resolver el caso, ya que indagarlo a fondo podría comprometer a algunos de sus funcionarios más importantes. El FBI también reveló que las preguntas que les mandó la PGR como parte de la investigación eran excesivamente básicas, y para contestarlas “apenas y era necesario un título básico de ciencias computacionales o informáticas”, según una de las fuentes de The New York Times.
El diario neoyorquino indicó que la investigación del gobierno mexicano no ha logrado avanzar en áreas básicas y los fiscales que manejan el caso aún no han interrogado a ninguno de los funcionarios responsables de operar la tecnología de vigilancia.
El gobierno mexicano, que rechazó profundizar en la investigación, indicó a The New York Times que actualmente colaboran con los expertos del Citizen Lab de la Facultad de Asuntos Globales de la Universidad de Toronto, para descubrir los rastros del software Pegasus en los celulares afectados. Sin embargo, en Citizen Lab sostienen que no han colaborado con la PGR ni con el gobierno mexicano en la investigación,sólo tuvieron una reunión para entablar una primera platica, pero no pasó de eso.
Los abogados de los personajes espiados sostiene que el archivo de la investigación de la PGR está lleno de información intrascendente, como “impresiones de páginas de búsquedas de Google relacionadas al caso, impresiones de las páginas de Facebook de algunas de las víctimas. Y lo que la mayoría del archivo contiene son las respuestas de los dos mil municipios a los que las autoridades les preguntaron si tenían acceso al software. Esas preguntas fueron enviadas incluso a poblados con menos de 500 habitantes cuyos presupuestos apenas y alcanzan una fracción de los 80 millones de dólares que el gobierno gastó para conseguir el programa espía”.
Lo más interesante de todo es que la PGR no ha investigado ni interrogado a Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR y personaje cercano a Peña Nieto, quien sería el principal sospechoso de comprar y operar Pegasus en México. Zerón de Lucio fue el Investigador en Jefe del caso de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Fue retirado de su puesto en el 2016 después de que investigadores internacionales que revisaban el caso de los 43 jóvenes encontraron un video que parecía mostrarlo manejando evidencia que nunca fue incluida en los archivos oficiales.
