- Mediante una iniciativa que propone Sergio Báez Torres, se buscaría visualizar y atender a las familias obligadas a dejar sus casas gracias a grupos criminales.
Morelia, Michoacán a 30 de mayo de 2019.- En comunidades pequeñas de Tierra Caliente los grupos criminales están obligando a las familias que las habitan a dejar sus casas, las cuales queman para que no puedan volver, denunció el diputado Sergio Báez Torres, de Morena, quien presentó una iniciativa para tipificar este delito.
En entrevista, relató que este fenómeno ocurre desde hace aproximadamente ocho años en el municipio que representa, Coalcomán, en poblaciones de entre 200 y 300 habitantes. Narró que los grupos delincuenciales corren a familias enteras, aunque no tengan vínculos con ningún grupo de control. Solo por ser originarios de esos pueblos y representar un riesgo.
A estas personas, prosiguió, les queman sus casas para que no puedan volver y muchas veces migran dejando atrás parte de su patrimonio y quedan en una situación económica desfavorable. Algunos se van a núcleos de población más grandes y otros a Estados Unidos
“No hay una estrategia para darles protección”, señaló Báez Torres y subrayó que este fenómeno no está contemplado en la ley y estas acciones no están tipificadas como un delito específico, de manera que las autoridades no lo reconocen ni visibilizan y por tanto no es atendido adecuadamente.
Indicó que existen altibajos en la presencia de este tipo de acciones violentas, que se disparan cuando hay disputas de control de territorio de grupos criminales y acotó que no es algo que suceda únicamente en su municipio y que sobre todo ocurre en la zona de Tierra Caliente, concretamente en Buenavista, Tepalcatepec, Aguililla, Coalcomán, Aquila, Chinicuila, Peribán y Coahuayana, pero que al no tener un diagnóstico específico, no se puede calcular la magnitud del problema.
La iniciativa
Lo que propone Sergio Báez es crear una Ley para Prevenir y Atender a las Víctimas del Desplazamiento Forzado Interno y consta de cinco capítulos. El diputado explicó que se trata de crear una estrategia entre el Gobierno estatal y municipal para identificar a las víctimas de desplazamiento forzado
En el primero, obliga al Estado Michoacano a atender el problema; el segundo establece los derechos mínimos de las víctimas de desplazamiento forzado y posteriormente se plantean medidas de prevención y erradicación del daño.
Se establece que se debe crear un mecanismo y un protocolo y que deben emitirse alertas cuando se den estos desplazamientos y un registro de las personas desplazadas y se tipifica como delito con una pena de prisión de seis a 12 años y de 300 a 600 días de multa.
Asimismo, obliga a las autoridades a reponer los documentos oficiales que estas personas puedan haber perdido, a reparar el daño ya sea mediante la devolución de sus bienes o de una indemnización, a costear el traslado de vuelta al hogar, a proporcionar educación gratuita y productos sanitarios y anticonceptivos a mujeres y amparar a estas personas para que no sean objeto de un delito como secuela de su desplazamiento forzado. Es decir, homicidio, reclutamiento por parte del crimen organizado, etcétera.
También define cuáles serán las atribuciones del gobierno estatal cuáles la del municipal y plantea la creación de un organismo que parta de la Junta de Gobierno.
